Se licitó durante la gestión de Alcala para solucionar los anegamientos en esa zona de la ciudad. Estuvo paralizada por falta de fondos. Un “error por omisión” surgido en el origen del proyecto casi la hace naufragar.
Cuando todavía no se conoce el final del affaire de los “recorridos inflados”, causa que tiene al ex intendente Néstor Alcala y dos ex funcionarios suyos como imputados, la gestión del justicialista será puesta otra vez bajo la lupa. Ahora no será la Justicia –no en este momento– quien lo investigue sino una comisión especial cuya creación impulsa el bloque de concejales del Frepam. Su objetivo será analizar todas las gestiones y actuaciones que se realizaron en torno de la obra de desagües pluviales de la calle Chile.
La obra era un reclamo histórico de los frentistas de esa arteria, cansados de ver cómo se anegaban sus casas con cada lluvia. Luego de años de esperar, Alcala gestionó los fondos ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación donde la obra fue licitada en agosto de 2007. El presupuesto oficial, a valores de 2006, ascendía 4.136.324 pesos, pero con la actualización del Indec, trepó a 4.936.290. Las oferentes fueron Ilka Construcciones SRL (5.451.676,09), Ecop Construcciones SRL (5.809.513,21) y Omar Angel Jubete (5.910.955,72).

Desfasaje.
La ganadora de la compulsa fue Ilka. Desde el inicio, el dinero presupuestado era menor al licitado por la constructora, desfasaje que se agravaría meses después con el “error por omisión en el presupuesto”. ¿Cuál fue el “error”? Cuando la breve intendencia de Juan Carlos Tierno –sucesor de Alcala– era un mal recuerdo y los destinos del municipio estaban a cargo del interventor Gustavo Fernández Mendía, el autor del proyecto de obra reveló que había omitido calcular algo así como 200 mil metros cuadrados de excavación, tarea que obviamente demandaba recursos dinerarios que no fueron calculados en el presupuesto.
Cuando el presupuesto para excavación se terminó –en los primeros días del gobierno de Francisco Torroba–, Nación dejó de pagar tales certificaciones a la empresa y esta dejó de trabajar, una situación que causó un profundo malestar en los vecinos, temerosos de que la obra se paralizara para siempre, dejando una herencia de asfalto roto y ninguna solución a los anegamientos. Por si fuera poco, el desfasaje entre los ajustes de los costos elaborados de acuerdo al Indec y el precio real de los materiales y la mano de obra incrementó aún más la brecha entre el presupuesto disponible para la obra y los gastos reales.

Reasignación.
Hace diez días el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza por la cual asignó los fondos que estaban presupuestados para el asfaltado de la calle –pues los trabajos implican la roturación del pavimento para la apertura de una zanja en la parte central de la calzada–, para la excavación de los 200 mil metros cuadrados faltantes. Así las cosas, el dinero que insumirá más adelante la reparación del pavimento saldrá de las arcas municipales, ya que la comuna se hará cargo de esa parte de los trabajos por administración.
Si bien la fórmula permitió salir al municipio del cuello de botella en que se encontraba, el concejal Gastón Massari Copes, presidente de la comisión de Obras Públicas, aclaró durante la sesión que de ninguna manera pretendían con la ordenanza convalidar los errores que llevaron a la parálisis de la obra. Tales palabras parecen quedar respaldadas ahora con la presentación del proyecto para crear la comisión especial investigadora, la cual deberá establecer las responsabilidades y producir un dictamen.
La comisión, según el proyecto que fue girado el jueves pasado a Administrativa y Reglamentaciones, estará conformada por tres concejales, dos del oficialismo (Frepam) y uno de la oposición (PJ).