No sólo las represas que HidroAysén pretende construir en la Patagonia provocan el rechazo de la población chilena. Otros importantes proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos también afrontan la decidida oposición de indígenas, ambientalistas y otros ciudadanos.
"Hoy la ciudadanía está jugando el rol que le corresponde cumplir al Estado y a las autoridades", dijo a IPS Juan Pablo Orrego, de la organización no gubernamental Ecosistemas, quien está abocado a impedir que el consorcio privado HidroAysén levante cinco represas en los australes ríos Baker y Pascua, unos 2.000 kilómetros al sur de Santiago.
"Chile es un país demasiado frágil ecológicamente. Somos un escalón entre la cordillera y el mar", dice este ecólogo que libró emblemáticas batallas contra la trasnacional Endesa por la construcción de los complejos hidroeléctricos Pangue y Ralco, inauguradas en 1997 y 2004, respectivamente, en el sureño río Bío-Bío.
La campaña contra HidroAysén protagonizada por el Consejo de Defensa de la Patagonia, un colectivo de 50 organizaciones nacionales y extranjeras, está "sentando precedentes jurídicos, comunicacionales y ciudadanos que pueden ayudar" a otros conflictos ambientales del país, sostuvo Orrego.
El Consejo se anotó en noviembre un punto a favor: la empresa suspendió la tramitación de su estudio de impacto ambiental luego de recibir miles de observaciones del gobierno.
En la comuna de La Higuera, norteña región de Coquimbo, un grupo de pescadores y pobladores que se oponen a la construcción de centrales termoeléctricas a carbón, que son Farellones, de 800 megavatios y a cargo de la minera estatal Codelco, Barrancones, para 540 megavatios y de la franco-belga GFD Suez Energy, y Cruz Grande, de 300 megavatios, perteneciente a la chilena Compañía Minera del Pacífico.
Tanto el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera como los pescadores de la localidad costera de Punta de Choros creen que el polvillo del carbón de las centrales dañará la biodiversidad marina, la salud de las personas y el turismo.
Frente a la caleta de Punta de Choros, se ubica la mayor reserva mundial de pingüinos de Humboldt, una especie en extinción, que anualmente atrae a miles de turistas.
Desde 2007, los habitantes de La Higuera se han movilizado y han sostenido reuniones con autoridades locales, nacionales y parlamentarios. En julio, el ministro de Energía, Marcelo Tokman, anunció un estudio para determinar el impacto de las tres centrales en la zona y en noviembre Codelco retiró transitoriamente la habilitación ambiental del proyecto Farellones, hecho que fue recibido como un triunfo parcial por los pobladores.
Las decisiones que toman las autoridades respecto de los estudios de impacto ambiental son "netamente políticas; lo técnico sólo es para cumplir con los requisitos de la ley", declaró a IPS Óscar Avilés, presidente de la Asociación Gremial de Pescadores de Punta de Choros, quien confiesa que la comunidad está dividida producto de las "donaciones" hechas por algunas de las empresas en cuestión.
En la región metropolitana de Santiago sobresale el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de la firma estadounidense AES Gener, que ha movilizado a profesionales, ambientalistas y artistas locales. El 2 de este mes, la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo publicó un inserto en el diario local La Segunda con los fundamentos de su oposición.
En diálogo con IPS, el ingeniero Edison Acuña, uno de los portavoces de la Coordinadora, aseguró que Alto Maipo, que produciría 531 megavatios, amenaza el abastecimiento de agua potable, el riego agrícola, la infraestructura pública y el turismo de montaña de la región, donde vive 40 por ciento de la población chilena.
La firma se encuentra tramitando en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) una segunda versión del proyecto, puesto que decidió retirar el diseño original. Aunque celebró ese hecho, la Coordinadora no ha bajado la guardia: le han enviado a todos los servicios públicos informes con el detalle de lo que ellos consideran son las deficiencias de la iniciativa.
Según Acuña, esta es la única forma de luchar contra el cabildeo a favor de AES Gener que han realizado importantes personeros de la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición de centroizquierda en el poder desde 1990.
"Hoy día los ciudadanos estamos vigilando todo y tratando de alguna manera de parar la discrecionalidad de las decisiones públicas. Queremos que éstas sean transparentes, de cara a la opinión pública, que tengan razones, respaldo", planteó el profesional.
En el sur del país, la generadora chilena Colbún, que integra junto a Endesa el consorcio HidroAysén, pretende erigir una tercera central hidroeléctrica en el río Bío-Bío, llamada Angostura, que costaría 500 millones de dólares y se sumaría a Pangue y Ralco.
Habitantes de las comunas de Quilaco y Santa Bárbara comenzaron a movilizarse contra el proyecto en 2007. El estudio de impacto ambiental, presentado por la empresa el 2 de septiembre, considera la relocalización de 126 personas, algunas mapuches pehuenches que en el pasado debieron abandonar sus viviendas por la construcción de Pangue, lo que es considerado "una burla" por parte de Orrego.
Los opositores a esta iniciativa se reunieron el 26 de noviembre en Santiago con la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, para recordarle que el Estado se comprometió en 2004 a no aprobar nuevas represas en el Alto Bío-Bío en el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uriarte sólo respondió que "el proyecto no tiene ni una pre-aprobación ni un pre-rechazo".
Para Colbún, Angostura, que generaría 316 megavatios, no se ve comprometida por el Acuerdo porque se emplaza fuera de la comuna de Alto Bío-Bío, argumento debatido por los afectados.
En el encuentro con Uriarte estuvieron presentes las hermanas pehuenches Berta y Nicolasa Quintremán, símbolos de la oposición a Ralco, quienes reforzarán la campaña mediática.
Hasta ahora han reunido 4.000 firmas de habitantes de Santa Bárbara y Quilaco contra el proyecto, contó a IPS Freddy Pérez, del Movimiento Aguas Libres y Huequecura (un afluente del río Bío-Bío) Libre.
"Creemos que el proyecto no será aprobado" porque nació viciado y en la zona existe un sitio arqueológico mapuche ancestral que no puede ser destruido, indicó Pérez, quien no descarta la presentación de posteriores recursos judiciales para impedir las obras.
Durante la campaña de oposición a Pangue y Ralco, el mundo ambientalista se dio cuenta de "que existen problemas estructurales muy graves en la legislación chilena, que comienzan con la Constitución aprobada en 1980" y que siguen con el Código de Aguas de 1981 y la ley General de Servicios Eléctricos de 1982, comentó Orrego.
Esas normativas, que otorgan un desmedido poder al sector privado, "impiden que haya una evaluación ecuánime y con verdadera y significativa participación ciudadana", señala Orrego, lo que se suma a la "extraña connivencia o complicidad entre las empresas y el aparato público", registrada en los últimos 18 años de gobierno de la centroizquierdista Concertación, afirma.
La "profunda pérdida de confianza en los servicios públicos", "ha llevado a la gente a oponerse literalmente a todo, por principios", sostiene.
Reconociendo que el actual sistema de evaluación de impacto ambiental no funciona adecuadamente, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió al parlamento un proyecto de que crea un ministerio de Medio Ambiente y una Superintendencia Ambiental. Además, lanzó una Estrategia de Gestión Integrada de Cuencas, en fase piloto. Pero los ciudadanos no están dispuestos a esperar.
Todos los entrevistados para este reportaje critican que el gobierno no se vuelque por completo a las energías renovables no convencionales (ERNC), considerando las enormes ventajas del país en este ámbito, ratificadas por el estudio "Aporte potencial de ERNC y eficiencia energética a la matriz eléctrica 2008-2025", realizado este año por dos universidades, con el apoyo del gobierno y la sociedad civil.
Para los ambientalistas, las centrales térmicas van en dirección opuesta a la meta del gobierno de reducir la emisión de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero causantes del recalentamiento planetario. La hidroelectricidad sólo la aprueban si se trata de pequeñas centrales de pasada, "diseñadamente quirúrgicamente en las cuencas", dice Orrego.
Pero la tendencia sigue. El 10 de este mes ingresó al SEIA el más grande proyecto termoeléctrico del país: la central Castilla, de la firma MPX Energía de Chile, ligada al empresario brasileño Eike Batista, a levantarse en la norteña región de Atacama.
Se trata de un complejo que aportaría 2.100 megavatios a un costo de 4.400 millones de dólares.
"Como hasta ahora se les dio carta blanca a las empresas, ellas van a seguir tratando de construir proyectos retrógrados, primitivos y destructivos", concluye Orrego.