Los gobiernos de Bolivia y Chile alcanzaron un acuerdo para realizar más estudios técnicos en torno al problema de las aguas del Silala, mientras el vecino país hace aún uso ilegal de esos recursos y no paga por ello.
En ese contexto, el ex ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, criticó el convenio y aseguró que no es malo que un boliviano sea pro chileno, pro argentino o pro brasileño, porque ese sentimiento se enmarca en el ideal de la “Patria Grande”.
Sin embargo, mencionó que lo problemático es que se apoye ese tipo de actitudes a costa de los intereses nacionales.
Mencionó que el vicecanciller Hugo Fernández Araoz, ex representante de Unitas, una coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para la que trabajaba el ministro David Choquehuanca, acordó hace algunos días que se realice nuevos estudios para finalmente “dilucidar” el tema del agua del cantón Quetena.
Recordó que el Gobierno de de Chile dio el calificativo de río al Silala, lo que no figura en ningún mapa anterior al Tratado de 1904, ya que el artilugio fue inventado por el ingeniero neozelandés Hossías Harding, quien con honorarios pagados por el país vecino dibujó un mapa después la Guerra del Pacífico.
Para fundamentar lo afirmado, mencionó que la compañía británica The Bolivian Railway suscribió un acuerdo con la Prefectura potosina para usar, a partir de 1908, 50 metros cúbicos diarios de esas aguas, para enfriar sus locomotoras a vapor.
“Desde entonces, mediante canales artificiales se extrae, a través de empresas que compraron la concesión, 18 mil metros cúbicos por día”, aseveró Rada.
El ex Ministro explicó que el abuso prosigue, pese a que hace más de medio siglo las locomotoras funcionan a diesel, con lo que el contrato quedó nulo por cambio de objeto, además que la concesión finalizó por decreto del Gobierno en 1997.
Asimismo, dijo que en 1913 las utilidades de la Bolivian Railway ascendieron de 19 mil a 114 mil libras esterlinas, pero no porque transportara más carga o pasajeros, sino porque comenzó a vender agua de Bolivia en Chile.
En su criterio, si esas aguas no fueran artificialmente canalizadas se perderían en el suelo arenoso de la región, pero que al canalizarlas las compañías se beneficiaron con 18 mil metros cúbicos de líquido por día, ‘regalo’ que el actual Vicecanciller boliviano prolongará en el próximo lustro, lo que significa 6 millones 570 mil metros cúbicos de agua por año y 32 millones 850 mil en cinco años.
“Lo anterior ocurre ahora después que empresas protegidas por Chile se beneficiaron gratis con 657 millones de metros cúbicos en los últimos cien años. Entre tanto, el ex representante de Unitas ordenó nuevos estudios, pese a los muchos que existen en Cancillería, además de informes binacionales y de consultorías”, agregó Rada.
Por otra parte, el ex Ministro del área de hidrocarburos dijo que en el próximo lustro Chile y Bolivia instalarán estaciones hidrometereológicas para registrar caudales, precipitaciones, temperatura del aire, velocidades del viento, radiación solar y humedad.
En ese sentido, alertó que con los cambios climáticos se dirá que los estudios tienen que ser actualizados, lo que permitirá a las empresas privadas seguir vendiendo agua a Antofagasta, Iquique, Calama y Mejillones, así como a compañías mineras, sin que Potosí, como hasta ahora, reciba un centavo.
“Si el inexistente Silala fuera un río internacional, ¿por qué no se realiza las captaciones en territorio chileno? Pero aún aceptando esa demencial tesis, ¿no le corresponde a Bolivia parte de los ingresos que genera? Hasta el ex cónsul Ramiro Prudencio, siempre tan delicado en tener en cuenta los intereses de Santiago, dijo que debería corresponder a Bolivia un 70 por ciento”, manifestó.
En ese contexto, Rada preguntó si Fernández no debía pedir un porcentaje del rendimiento de esas aguas, a fin de que los negociadores chilenos se interesen por concluir los estudios, puesto que “como están las cosas desearán terminarlos al día siguiente del juicio final”.
Finalmente, aseveró que si en el peor de los casos Bolivia tiene derecho al 50 por ciento de esas aguas sería lógico que la Prefectura potosina instale una embotelladora para vender el líquido al otro lado de la frontera con enormes utilidades.
“¿Se necesitará sofisticada tecnología o mucha inversión para embotellar agua que ya es potable? La Cancillería tuvo fama de pro chilena y antiboliviana. No imaginábamos que las organizaciones a cargo de ella tomaran el mismo camino”, finalizó.