Después de la tempestad llega la calma, dice un viejo refrán popular; sin embargo, este dicho no se puede aplicar al temporal que azotó la Región Atlántica en noviembre, ya que cuanto más pasa el tiempo, más son los estragos y efectos que deja en el sector agropecuario.
Se estima que las continuas inundaciones que afectaron al Caribe arrasaron con cerca de 17 mil hectáreas, siendo los cultivos de banano, plátano y pasto los más afectados.
En el caso del primero, se perdieron más de 12 mil hectáreas, mientras que los otros dos productos, se destrozaron 3.453 y 2 mil hectáreas respectivamente.
Ante esta situación, las inundaciones que se generaron en terrenos donde hay pasto son las que producen más alarma, pues cerca de 300 cabezas de ganado murieron a causa de la crecida de las aguas y las restantes podrían estar en peligro, debido a la falta de alimento, explicó Eduardo Artavia, director regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
El Plan Nacional de Alimentos que incentiva el cultivo de arroz, maíz y frijol también fue víctima del temporal. Alrededor de 412 hectáreas de estos tres granos fueron devastadas por las lluvias. Produciendo pérdidas por más de ¢715 millones.
En total las pérdidas serían por cerca de ¢28 mil millones ($50 millones), solo en el sector agropecuario, sin contar las que produjo en infraestructura. Preliminarmente, se calcula que los daños tendrían un valor superior a los $42 mil millones.
Otros de los cultivos que fueron afectados son los de ayote (74 hectáreas) y ñame (60,5), generaron destrozos por ¢43 millones, según los últimos informes que recolectó el MAG.
No obstante, los datos podrían incrementarse, esto en razón de que hace falta contabilizar las pérdidas que se presentaron en el cultivo de piña en la localidad de Paraíso.
El temporal que afectó al Caribe durante noviembre, ocasionó la peor inundación en los últimos 40 años, esto debido a las cuantiosas pérdidas que ocasionó.
Como parte de las medidas de emergencia adoptadas por el Ejecutivo, se envió al Congreso un contrato de préstamo por $65 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Los recursos se prestarían a 15 años plazo con una tasa de interés del 6,22%.
La intención del Gobierno es que la Asamblea apruebe el empréstito lo más pronto posible, para atender los daños causados por la emergencia y mitigar las futuras catástrofes.