Mas de un 1.200.000 damnificados, enormes extensiones de terrenos anegados y ciudades y pueblos arrasados por el paso incontenible de las aguas es el resultado que hasta ahora le deja al país un invierno con características catastróficas. Además de la solidaridad de los colombianos con quienes han perdido todo, tan enorme daño obliga a reclamar una declaratoria de emergencia que permita atender la tragedia que padecen millones de compatriotas.
La última de las poblaciones afectadas es Plato, Magdalena, donde la creciente del río del mismo nombre, la más grande en los últimos 38 años, destruyó el muro que protegía su casco urbano. Como consecuencia, el 40% de sus barrios fue literalmente sepultado por las aguas, dejando a 200.000 personas sin vivienda o medios de subsistencia, expuestas a las epidemias y a la espera de la ayuda que les permita soportar su tragedia.
Pero si los municipios de la Costa Atlántica padecen los rigores del inusual invierno, los ribereños del Cauca, en especial los del departamento del Valle, no se quedan atrás. Hace dos semanas, las inundaciones generadas por la creciente de ese río afectaron de manera grave la zona rural de Candelaria y estuvieron a punto de causar un enorme daño al jarillón que protege al oriente de Cali. Ahora son las poblaciones del centro y el norte del departamento las víctimas de los desbordamientos. Y ciudades como Sevilla y Caicedonia están al borde del aislamiento total, porque sus carreteras y algunos puentes amenazan con colapsar, causando graves perjuicios a decenas de miles de familias.
Idéntica zozobra se está registrando en la cordillera Occidental, en especial, en la zona que atraviesa la carretera hacia Buenaventura. Y no se trata sólo del acceso a ese municipio, sino de quienes viven en localidades como Cisneros, Loboguerrero y demás veredas cercanas al río Dagua. Es, pues, un verdadero drama el que se está gestando en la región vallecaucana y en toda Colombia, que tiene todas las trazas de prolongarse, en la medida en que la ola invernal no parece tener un fin próximo.
Ante esas condiciones, sobra decir que el país debe tomar las medidas necesarias para atender la emergencia más grave de los últimos 30 años. Porque el problema apenas se inició con las inundaciones, pero sus secuelas en el campo económico, de infraestructura y social se extenderán por meses. Y así como los directos damnificados se cuentan ya por miles de familias, en el futuro podrán contarse por millones las personas perjudicadas en su calidad de vida, en sus fuentes de trabajo y en sus ingresos.
Por eso es acertado que el Gobierno Nacional haya destinado una partida de $810.000 millones para atender los problemas causados por el invierno, los cuales serán invertidos en los próximos meses. Y se necesita la participación activa de municipios y departamentos como las instituciones públicas más cercanas al ciudadano. Pero hay que aceptar de antemano que tal decisión será apenas la cuota inicial del esfuerzo que Colombia tendrá que realizar para enfrentar la catástrofe invernal, uno de sus desafíos más grandes de los últimos tiempos.