Una empresa holandesa está construyendo terraplenes ilegales en la isla entrerriana de Itapé, en la zona del Delta del Paraná, frente a la localidad santafesina de Villa Constitución. Los humedales afectados abarcarían una superficie de 10.000 hectáreas ubicadas entre los arroyos Los Laureles y San Lorenzo Viejo y la Laguna de Montiel, jurisdicción de la municipalidad de Victoria.
Un informe oficial indica que las tareas están a cargo de la empresa BEMA AGRI B.V., con sede en Groningen (Holanda), la misma no solicitó ningún permiso al Consejo Regulador del Uso de las Fuentes de Agua de Entre Ríos (Corufa) para realizar la obra hidráulica constatada. Al advertir la situación, desde el organismo actuaron de inmediato y realizaron una inspección e intimaron a los representantes de la empresa a regularizar la situación en un plazo de 60 días, con la presentación de un informe integral de lo que planean realizar en el lugar, mientras tanto tienen prohibido continuar con las actividades.
Pobladores de la zona habían denunciado que los promotores del emprendimiento ya secaron lagunas y que los terraplenes tendrían una longitud de más de 10 kilómetros con una altura de seis metros, y estarían destinados a una explotación agropecuaria.
Días atrás habitantes de Villa Constitución observaron un mosquito (maquinaria utilizada para realizar fumigaciones) trabajando en esta zona de islas “lo que hace suponer que ya están sembrando”.
El movimiento de tierras comenzó hace varios meses en la zona denominada Cuatro Bocas, canalizando humedales y extrayendo agua mediante bombeo. A los terraplenes ilegales ya construidos, se sumarían otros con el objetivo de subdividir el terreno en parcelas para distintos emprendimientos productivos.
Mientras tanto, organizaciones ambientalistas como el Centro Ecologista Renacer, de Villa Constitución (Santa Fe), la fundación M´Biguá de Paraná (Entre Ríos) y la Fundación Proteger, iniciaron una búsqueda de información.
“Nos enteramos a raíz de una foto que mandaron a nuestra página web”, dijo a UNO Julieta Peteán, coordinadora del programa Agua, Humedales y Pesca de la Fundación Proteger y agregó que iniciaron la investigación porque quieren “que la gente sepa lo que sucede”.
“Hasta ahora en los medios periodísticos se publica la existencia de un gran terraplén en Corrientes, y queríamos mostrar que también acá sucede lo mismo”, explicó.
Consideró que “el principal impacto de un terraplén es la transformación del ecosistema. Son espacios naturales, con islas, lagunas y al hacer un terraplén en un lado queda seco porque no hay circulación de agua y del otro se genera un exceso de acumulación”.

Inspección en noviembre
El gobierno provincial realizó una inspección, mediante la cual encontraron dos tractores, una retroexcavadora y herramientas agrícolas. El informe oficial también deja en claro que la empresa BEMA AGRI B.V. no solicitó permiso para la realización de la obra hidráulica.
El Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (Corufa), en virtud del poder de policía y como autoridad de aplicación, procedió a intimar a la empresa a suspender la obra y presentar –en un plazo de 60 días– la documentación necesaria para evaluar el permiso correspondiente.
En diálogo con UNO, Conrado González, director General de Recursos Naturales de la Provincia y miembro de Corufa confirmó la situación y aclaró que “para hacer una obra tienen que pedir permiso al Corufa. La empresa, hasta tanto no presente un proyecto detallando cada una de las actividades que pretende realizar, además de los datos de procedencia del emprendimiento, la cantidad de terreno que utilizará, cómo afecta la obra que quiere hacer y cómo lo va a solucionar, va a tener que suspender lo que estaba haciendo”, señaló.
La ley que regula este tipo de actividades es la Nº 9.172 de 1999. González explicó que hay sanciones económicas para cuestiones “muy delicadas como estas, de todos modos la primera sanción generalmente no es grave, pero sí lo es en casos de reincidencia”, dijo.
Por otra parte sostuvo que en la provincia hay “bastantes denuncias por instalación de terraplenes”, y celebró que la Constitución reformada contenga un capítulo que prohíbe las mega obras en todo el humedal del Delta entrerriano.
“Vemos con gran preocupación cómo, cada vez más, empresas privadas modifican, sin autorización, islas y humedales en el Delta y en todo el Litoral de la Argentina. Ocurre lo mismo en Corrientes, Buenos Aires y Santa Fe , incluso en zonas declaradas reservas o de muy alta biodiversidad”, señaló Peteán. “Los humedales del Paraná son indispensables para el bienestar humano. Proveen agua dulce de alta calidad, son los grandes criaderos naturales de peces y amortiguan los efectos de las inundaciones, entre muchas otras funciones irremplazables”, añadió.

Inversión
Según indican en la página de la fundación Proteger, los pobladores afirman que un emprendimiento de esas características demanda una inversión altísima. Incluso estaría en construcción una pista de aterrizaje para aviones de pequeño porte o helicópteros y el montaje de una caleta para barcazas, de acuerdo a insistentes versiones.
A ello se suma la desaparición de numerosas especies.

Llamados de alerta
La primera luz roja de alerta llegó desde los pobladores de Yahaveré, Corrientes, quienes denunciaron a una poderosa empresa agropecuaria por la construcción de terraplenes ilegales en los Esteros del Iberá, en un área declarada reserva natural provincial desde 1982.
Las familias afectadas por las obras, que no contaban con estudios de impacto ambiental, recurrieron a la Justicia y ganaron el juicio en un fallo histórico que obliga a la firma que construyó los terraplenes a destruirlos. La decisión judicial se conoció en noviembre de 2007 y hoy los habitantes del paraje Yahaveré siguen reclamando al gobierno que se cumpla el veredicto.
Por su parte vecinos de la localidad bonaerense de Baradero vienen denunciando desde hace meses a la firma Pazzaglia Hermanos por la ejecución de obras que modifican la zona de islas que se encuentran en el Delta del Paraná para encarar emprendimientos agropecuarios.
Las islas afectadas están entre los ríos Baradero, Paraná Guazú y Paraná de las Palma, a la altura del kilómetro 140 de la ruta 9 que une Rosario con la capital del país.
Otro tanto se verifica en las islas entrerrianas colindantes a la conexión vial Rosario-Victoria que atraviesa los 60 kilómetros de la planicie aluvial del Paraná. En este caso las “bajadas” a las islas facilitan el acceso y la ocupación de las mismas y esto explica la construcción, también allí, de extensos terraplenes.
En todos los casos, incluyendo el de la isla entrerriana de Itapé, las obras se realizaron sin hacerse los estudios de impacto ambiental indispensables para evaluar el daño que producirían o sin contar con autorizaciones.