Desde hace unos años, la Dirección General de Aguas (DGA) ha vivido transformaciones. El acotado rol que tenía tiempo atrás avanzó hacia uno de amplias repercusiones en el país.
La fiscalización para evitar extracciones ilegales, remates de derechos y cobro de patentes por no uso son sólo algunos de los focos de acción. Para esto, la DGA pasó de 4 a 25 fiscalizadores, sin contar al nuevo personal para otras operaciones.
Clave en los cambios ha resultado la valoración que ha tenido el agua, que ha llevado a que los privados gasten millonarias sumas en remates para adquirir derechos o para mantenerlos. Los recursos del río Manso, por ejemplo, fueron cancelados en cifras sobre US$ 40 millones, los que ingresan directo al fisco (ya está cancelada la primera cuota), o los casi US$ 20 millones por patente que recauda la DGA al año, cifras que más que autofinancian al servicio (con un presupuesto anual de US$ 14 millones).

Recurso al alza
"Es cosa de ver El Mercurio todos los fines de semanas respecto de los precios a los que se venden los derechos de aguas", dice el director general de Aguas, Rodrigo Weisner, quien añade que las universidades deberán corregir las cátedras en que señalan que una de las ventajas del agua en el uso eléctrico es que es gratis.
La valorización también ha llevado a buscar nuevas fuentes de donde obtener el recurso. "Estamos promoviendo, y por eso hubo una reunión del ministro (Sergio) Bitar hace unas semanas con el vicepresidente de General Electric, por una fábrica de agua en Copiapó", afirmó.
La idea del proyecto es que exista una empresa que pueda desalar agua -tomando los recursos marítimos- y empezar a entregar el recurso de distintas cualidades a los usuarios según sus requerimientos. "Para las sanitarias, agua dulce con un determinado valor; para las mineras con tal concentración o para la agricultura con determinadas mezclas", añadió. Aunque aún en fase preliminar, la idea del Gobierno es avanzar en el tema en 2009.
No sólo en Copiapó trabajan con nuevos desarrollos. En marzo se lanzará la licitación para la construcción de la planta desalinizadora del acuífero de Azapa (Región de Arica), para la cual hay destinados recursos públicos. Esta nueva forma podría acentuarse.
"Es concebible que el día de mañana el Estado pueda pensar en subsidios o en articular a distintos actores creando asociaciones público privadas... seguir el modelo de concesiones, ir en la vía de concesiones estatales de producción del agua, donde el Estado podría participar con un ingreso mínimo garantizado. No colocamos la plata, pero seremos un aval si el negocio no da tanto", dijo Weisner.
Para la autoridad, "este dramático pero positivo cambio" hace que el país deba pensar, en 10 o 15 años, en que "más que una DGA debiéramos tener una superintendencia de recursos hídricos".