Cuando el Estado Argentino revocó por probados incumplimientos el contrato la concesión del servicio de agua y saneamiento en el área metropolitana a la empresa francesa Aguas Argentinas, mediante la Ley 26.100 reasignó dichas prestaciones a la empresa estatal Agua y Saneamiento SA, previa suscripción de un Convenio Tripartito entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Así, se estableció un nuevo marco regulatorio para el desenvolvimiento de AySA y se crearon dos organismos públicos de control complementarios: la Agencia de Planificación (APLA) y el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), conforme a Ley Marco 26.221 ratificada por las respectivas legislaturas de las jurisdicciones involucradas.
Ya en los considerandos, la nueva regulación define que el ‘acceso al agua potable es un derecho humano’, así como el carácter de ‘servicio público’ de la prestación. De esta manera el Estado retomó su cometido de otorgar carácter estratégico a la necesidad de extender las redes de agua y cloacas a toda la población que en la actualidad carece de ellas, y a concentrar en sí el planeamiento, la prestación y el control sobre el servicio para impulsar el logro de tales objetivos centrales en la nueva estructura regulatoria. Dentro de este esquema, el ERAS tiene a su cargo el ‘control’ sobre la prestación del servicio en lo que hace a la contabilidad regulatoria de la concesión, la calidad del agua y efluentes, el régimen de tarifas, los servicios desvinculados, como así también velar por la satisfacción de las necesidades básicas aquí comprendidas y los usuarios del sector. En este contexto se definen los ‘derechos y obligaciones de los usuarios‘ en relación al servicio y se ubica al ERAS como el ámbito al que pueden recurrir los usuarios de considerar que la empresa concesionaria no brinda adecuadamente el servicio o tienen alguna queja al respecto, después de reclamar en primera instancia ante la propia concesionaria.
Para atender estos potenciales reclamos de los usuarios, el ERAS ha conformado en su sede (Callao 982) una Oficia de Atención a Usuarios a la que se puede recurrir en forma personal, o a través de una línea gratuita 0800-333-0200 o de la página www.eras.gov.ar . También en el ámbito del ERAS se atiende a los usuarios en relación a su incorporación a la Tarifa Social de la concesión, tema de gran envergadura para el área regulada que comprende la Ciudad de Buenos Aires y 17 Municipios del Gran Buenos Aires, a la que pueden acceder usuarios residenciales que demuestren graves problemas de ingresos familiares, así como entidades sociales sin fines de lucro. Sin perjuicio de esta tarea, en el ámbito del ERAS funciona una Sindicatura de Usuarios conformada por representantes de las ongs más reconocidas que actúan en defensa de los derechos de los consumidores, las que tienen acceso a los reclamos de los usuarios y a las disposiciones y resoluciones del organismo en relación a la marcha del servicio que controla. Por su parte, amerita destacarse que está en proceso de implementación el mecanismo que habilite la creación de la figura del Defensor del Usuario, a los efectos de representar institucionalmente los intereses de los usuarios en audiencias públicas o en procedimientos administrativos o contenciosos donde los derechos de los usuarios pudieran ser afectados y el ente regulador sea parte. Serás éste uno de los ejes centrales que ocupará parte de la agenda 2009, sumado a la instrumentación del régimen de audiencias públicas, el futuro contrato de concesión, el régimen sancionatorio, el diagnóstico de las instalaciones internas y los servicios desvinculados de toda el área regulada, entre otros temas que hoy se hallan en pleno abordaje y estudio.
La Ciudad de Buenos Aires está ocupando su espacio desde septiembre de 2008, en esta entidad autárquica tripartita. Su misión, en gran medida, será la de perfilar los lineamientos de un modelo de Ciudad para todos e inclusiva que garantice el pleno acceso a los servicios en cuestión como asimismo estaremos presentes frente a las demandas que tanto desde la Nación como de la provincia de Buenos Aires sean canalizadas en pos de velar por los derechos de todos los usuarios que hoy cuentan con servicios adecuados como también aquellos excluidos del propio sistema, y velaremos por su paulatina incorporación tanto a la red de agua como al servicio cloacal.