Los privados y empresas estatales que posean derechos de agua y no los estén utilizando, no sólo deberán seguir pagando patentes anuales por el no uso de ellos, sino que, además, en el mediano plazo se verán expuestos a la caducidad de éstos si el Estado considera que ha pasado tiempo suficiente sin ser explotados y que se mantienen con fines especulativos, es decir, dejar subir su precio en mercados donde existe escasez del recurso.
Ello, porque el Ministerio de Obras Públicas (MOP) está planificando un proyecto de ley que modifica la actual política de aguas, que junto con lo anterior prevé dotar de mayores facultades fiscalizadoras a la Dirección General de Aguas (DGA).
“Es necesario avanzar en la posibilidad de que, además del pago de patente de no uso, después de cierto tiempo se caduque el derecho. No olvidemos que los derechos son entregados por el Estado a título gratuito para un uso determinado”, comentó el titular del MOP, Sergio Bitar.
El secretario de Estado añadió que “si una persona reitera el hecho de no usarlo para propósitos especulativos y que los adquirió más bien para revenderlos, la situación es compleja, pues se trata de bienes públicos”.
Otro de los aspectos que pretende incluir Bitar en el proyecto de ley es “reforzar a la Dirección General de Aguas. La norma que existía antes de la dictadura fue modificada durante esa época, restándole facultades al Estado y pretendiendo que el mercado regulara. Pero sabemos que si el mercado no tiene regulaciones adecuadas es un desastre y tenemos una serie de distorsiones que es necesario revisar”.
En este sentido, el ministro plantea que los funcionarios de la DGA “puedan actuar como ministros de fe, pues hoy el dueño de una propiedad a la que se quiere hacer un chequeo de extracción ilegal de agua, puede prohibirles el ingreso. Además, tenemos casos donde queremos monitorear glaciares y no podemos entrar, lo cual nos obliga a expropiar el pedazo de tierra para poder instalarnos. Hay muchas limitaciones al rol regulador del Estado en materia de aguas”.
Sergio Bitar le solicitó a la DGA, liderada por Rodrigo Weisner, ordenar estas ideas y proponer un conjunto de proyectos para abrir una discusión a nivel de gobierno y parlamentario durante el primer semestre de este año. Pero precisó que el envío de la iniciativa al Congreso depende también de otros ministerios.

Cambios a la Constitución
Pero para poner en práctica la caducidad de los derechos de agua no usados, las causales de éstas y plazos involucrados, en el MOP afirman que también debe modificarse la Constitución de la República. Así, una vez hecha la caducidad, el agua contenida en el derecho queda libre.
Bitar comentó que en 2008, los pagos de patentes por no uso de derechos ascendieron a $ 15.000 millones. Las últimas cifras de la DGA, entregadas a inicios del año pasado, indicaron que existían 1.400 derechos no usados pertenecientes a 933 titulares. Pero esa cifra se ha ajustado debido a renuncias, indicó Weisner.
El pago en los derechos no consuntivos (se usa el agua y luego la restituye a su fuente) se calcula sobre la base del caudal no utilizado multiplicado por el desnivel entre los puntos de captación y de restitución. Los derechos consuntivos (se usa el agua y no la devuelve), pagan una patente anual de acuerdo con los litros solicitados: 1,6 UTM por litro desde la región I a la Metropolitana; 0,2 UTM de la VI a la IX, y 0,1 UTM para los derechos situados en las regiones X a XII.