A cuatro horas de automóvil desde la capital de Perú, el pueblo de Morococha ("laguna de colores" en quechua) es un vivo ejemplo de lo que la minería ha traído a muchas localidades pobres y campesinas de este país.
El estadio deportivo de Morococha, en la región central y andina de Junín, está tendido sobre relaves mineros, una mezcla tóxica de tierras, residuos líquidos y restos minerales. La gente no tiene baños en sus casas, y los lavaderos comunales funcionan con "agua de cobre", mientras el líquido vital sólo llega a los habitantes una hora al día.
La minería es el centro de gravedad de este pueblo. Todo se mueve en torno de las actividades de tres pequeñas empresas mineras que en los próximos años serán opacadas por un proyecto mayor: Toromocho, un yacimiento de cobre que se explotará a cielo abierto en tres kilómetros cuadrados, en un área que hoy está ocupada por casas.
El reasentamiento de Morococha, creada como distrito hace 101 años, es inevitable. La empresa Chinalco, de capitales chinos, deberá asumir los costos de la reubicación, según el compromiso que adquirió con el Estado en 2007, cuando obtuvo la transferencia de los derechos de la concesión minera de manos de otra empresa, Peru Copper.
Más de 1.300 familias deberán ser reubicadas en los próximos dos años, antes de que empiece la explotación de cobre y molibdeno, programada por Chinalco para 2012. Aunque todos ven en esa mudanza una oportunidad de mejores condiciones de vida, la empresa, la población y el Estado aún no se ponen de acuerdo sobre la forma en que deberá realizarse ese proceso.
Los inquilinos de Morococha ya llegaron a un acuerdo con Chinalco. Como carecen de vivienda propia, quieren negociar cuanto antes la reubicación. En cambio, un grupo de propietarios, que se sienten con más derechos sobre el territorio, no están dispuestos a aceptar cualquier precio por la expropiación de sus casas, que serán derribadas para abrir el tajo en la roca.

VERSIONES ENCONTRADAS
"Nadie está en contra de la inversión privada ni del traslado de la población. Pero primero la empresa debe sentarse a dialogar para firmar un convenio que nos permita mejores beneficios", dice a IPS el alcalde de Morococha, Marcial Salomé.
El funcionario y representantes de 28 organizaciones sociales exigen a Chinalco una indemnización de 150 millones de dólares para el pueblo y un aumento en el pago de regalías de 0,51 por ciento a tres por ciento del valor de las ventas de los minerales.
"Queremos asegurar a las nuevas generaciones", agrega Salomé.
Para el presidente de la Asociación de Propietarios de Morococha, Johnny Frías, "no se trata de entregar nuestras tierras a cualquier precio. Así como el Estado valora los recursos naturales que están debajo de la tierra, que valore nuestras viviendas. El pueblo no debe salir si no hay mejores condiciones".
Según Frías, la empresa pretende pagar apenas tres dólares por metro cuadrado cuando lo justo, en su opinión, sería 3.000 dólares por metro cuadrado. ¿Ése no es un precio muy alto, incluso mayor que el de cualquier zona residencial de Lima?, le pregunta IPS. "Por lo menos sería un costo base para empezar a negociar", responde.
Chinalco paga entre tres y nueve dólares por metro cuadrado de terreno y entre 51 y 129 dólares por metro cuadrado de construcción, replica el gerente de comunicaciones y relaciones públicas de la empresa, Francisco Sarmiento.
"Consideramos el valor que tiene el predio en la zona y los estándares internacionales del Banco Mundial para el reasentamiento, que señalan que se debe pagar por la vivienda que será destruida y asumir los costos de las nuevas casas", dice Sarmiento a IPS.
Además, la empresa invertirá 40 millones de dólares en la construcción de 1.200 viviendas en el nuevo Morococha, añade.
Mientras, la Asociación de Vivienda de Morococha, conformada sobre todo por inquilinos, avanza en sus negociaciones con Chinalco. "Queremos que la empresa ya nos saque de aquí, hay mucha contaminación. ¿Cómo es posible que vivamos de esta forma a pocas horas de la capital del país?", se pregunta su presidente, Máximo Camarena.
"Somos la mayor parte de la población que será reubicada", insiste Camarena, mientras describe las zonas más críticas de Morococha, como el campo deportivo de un colegio secundario asentado sobre desechos mineros, en el que se filtran aguas turbias de minerales.

SIN AGUA
Aunque la mayoría de las calles están asfaltadas, los servicios básicos son de mala calidad o no existen. La mayoría de la población utiliza baños públicos, porque no hay desagüe ni saneamiento en las viviendas.
El alcalde asegura que su administración ha realizado conexiones de alcantarillado hasta la entrada de las viviendas y que depende de los pobladores completarlas para gozar de ese servicio.
"Estoy de acuerdo en que el pueblo salga de aquí porque el agua es muy mala, turbia", dice Mateo Rojas, quien vive con sus hijos y nietos en una casa de madera con techos de calamina oxidada, al pie del cerro Toromocho, la fuente de la riqueza mineral.
Rojas recibe agua en su casa sólo una hora por día, entre las 6 y las 7 de la mañana. Pero las mineras disponen del recurso hídrico en todo momento.
La historia se repite para el resto de la población en diferentes horarios. Pero la situación es peor para los trabajadores mineros de empresas como Austria Duvaz y Argentum, que sólo reciben agua de camiones cisterna tres veces a la semana en sus pequeñas habitaciones, de cuatro por cinco metros, en Morococha Antigua.
Detrás de esas viviendas hacinadas, se encuentra el depósito de relaves de Puquiococha, de la empresa Austria Duvaz. Desde allí el viento arrastra las partículas de minerales que se filtran en las casas y en una escuela ubicada a pocos metros.
El director del colegio, Máximo Alcántara, asegura a IPS que por lo menos 35 de los 135 alumnos tienen enfermedades en la piel, como verrugas y manchas, que él atribuye a agentes tóxicos.
Los niños son las mayores víctimas de la contaminación, pues son los que juegan en el suelo y con el polvo. Así lo hacen Waldir, John, Manuel y Javier, de unos cuatro años de edad, que corren al borde del depósito de relaves.
Las tres principales enfermedades aquí son respiratorias, gastrointestinales y de la piel, según el gerente del Centro de Salud, el médico Eduardo Salas. Cuarenta y cinco por ciento de los niños sufren desnutrición crónica y está pendiente un estudio para conocer si están intoxicados con plomo, admite.
Los lavaderos comunales, donde las mujeres lavan la ropa de las familias, tienen agua contaminada. "De cobre", protesta Norma Camarena, esposa de Máximo. Las ropas, con partículas de minerales, son las que luego visten todos.
El alcalde promete que en dos meses Morococha tendrá una planta de tratamiento de las aguas que se extraen de la laguna San Antonio, financiada con los recursos del canon minero, elevados en los últimos años para este distrito, por el aumento del precio internacional de los metales.
Entre 2003 y 2004, Morococha recibió 133.000 dólares por el canon, pero este año ese impuesto se disparó a 1,6 millones de dólares. Además, el distrito recibió un fondo social de un millón de dólares, en 2003, cuando Peru Copper suscribió un convenio con las autoridades para el inicio de sus operaciones.
Pero hasta ahora no se han podido utilizar esos recursos y sólo existen siete proyectos aprobados, por valor de 200.000 dólares, que no se ejecutan por trabas burocráticas del gobierno central, según las autoridades locales.
"La vida es dura aquí y hay mucho por hacer. Pero falta conciencia de la situación también en los pobladores, porque cuando uno reclama a las empresas por la contaminación, los trabajadores protestan porque dicen que quiero que se cierre la mina", alega el alcalde Salomé.
Él mismo es un minero que dejó su oficio de maestro en Huancayo, capital de Junín, para dedicarse al trabajo recio de las minas en Morococha, desde donde pudo desempeñar diferentes cargos como dirigente local. Hoy sigue formando parte de la plantilla de Austria Duvaz y cuenta con licencia hasta que termine su mandato al frente de la alcaldía.
"Llegar a ser autoridad me costó mucho, y debo garantizar que en este proceso de reasentamiento se respeten los derechos de la población. Pero, para eso, Chinalco debe sentarse a dialogar con todas las organizaciones sociales", apunta el alcalde.
El portavoz de Chinalco relata que en julio hubo un intento de diálogo con el representante de la Defensoría del Pueblo del gobierno regional, entre otros, pero el alcalde insistió en que participaran los dirigentes de las 28 organizaciones que conforman el comité creado por el municipio para el proceso de reubicación.
"Se puede conversar con ocho dirigentes representativos, pero no con tanta gente. Así no se puede negociar", alega Sarmiento.
Aunque el diálogo está congelado, la empresa ya compró 72 por ciento de las casas del distrito. El proceso no se detiene.