El Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) reconoció que es "imprescindible" modificar el actual régimen tarifario del agua potable, considerado en el sistema de cobro denominado "de renta fija", es decir, para los usuarios sin medidor, como "lesivo para el interés público".
El presidente del organismo, Luis Lobo Vergara, dijo a El Ancasti que encargó a la gerencia de servicios sanitarios del Ente que trabaje en una propuesta que permita modificar el régimen que viene de la época de Obras Sanitarias (OSCA). "Trataremos que haya un nuevo esquema, que será analizado en forma conjunta con la empresa", dijo el funcionario.
Lobo Vergara mencionó que la idea es ir paulatinamente hacia el sistema medido, por lo cual sería necesaria una fuerte inversión de la Provincia para instalar los dispositivos de medición. "Es algo a lo que se tiende y que se trató de realizar cuando estaba Aguas del Valle. El objetivo final era la medición en toda el área de concesión", dijo.
La operadora de capitales españoles nunca pudo concretar ese cambio: a poco más de un año de hacerse cargo del servicio de agua y cloacas de Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, estalló la crisis de diciembre de 2001, se congelaron las tarifas y la empresa nunca realizó la inversión a la que estaba obligada por el contrato de concesión.
La urgencia del cambio de régimen está dada porque los usuarios que no tienen medidor deben pagar boletas que son calculadas con un criterio que nada tiene que ver con el consumo. Es que el sistema de "renta fija" fue considerado por los propios técnicos del Ente como un "cuasi impuesto inmobiliario", porque tiene en cuenta cuestiones como la superficie del inmueble, características constructivas, ubicación y edad de la edificación.
"Más que un sistema tarifario, se puede decir que se trata de un cuasi impuesto inmobiliario, que no se ajusta a los principios que debe observar cualquier régimen tarifario. Por ejemplo, no refleja el costo económico del servicio prestado, no resultando equitativo ni razonable", dice un informe preparado por el propio organismo.
Entre otros argumentos, en el organismo sostuvieron, al analizar ese sistema de cobro, "la carencia de justicia y razonabilidad del régimen tarifario contractual y por ende la inequidad del mismo en perjuicio de los usuarios".
El mantenimiento del sistema de "renta fija" sigue perjudicando a los usuarios de agua y cloacas del Valle Central y no tiene relación con lo que sucede con otros servicios públicos, como la electricidad o el teléfono, en donde se cobra estrictamente de acuerdo con el consumo que cada cliente realiza.