La construcción de un embalse para llevar agua potable a las zonas costeras de Guanacaste amenaza con cubrir cuatro kilómetros de la carretera Interamericana norte, que llega hasta Peñas Blancas.
El proyecto se denomina embalse La Cueva, inundaría 1.200 hectáreas de terreno y ya fue declarado de interés público por el presidente de la República, Óscar Arias el pasado 25 de julio.
Si se concreta este plan, el embalse no solo cubriría la carretera sino también 380 hectáreas que incluyen bosque de la Estación Experimental Horizontes, que forma parte del Parque Nacional Santa Rosa. Esto ya provocó la crítica de grupos ambientalistas y del biólogo Freddy Pacheco, quien considera “descabellado” destruir especies de flora y fauna en una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Plan en breve. El embalse La Cueva se localizaría sobre el cauce del río Tempisque, aguas abajo de la confluencia de los ríos Ahogado y Tempisquito, en el cantó de Carrillo, Guanacaste.
Según el decreto 34677-MP-MAG-Minae, el sitio de presa será de 43 metros de altura con una capacidad de almacenaje de 90 millones de metros cúbicos de agua.
Esta obra permitiría regar unas 7.000 hectáreas y “ la población beneficiada se estima en aproximadamente mil familias de pequeños y medianos productores”.
El agua llegaría hasta las zonas costeras de Papagayo, Junquillal (Santa Cruz) y Zapandí norte (Nicoya). Además, se prevé que serviría para amortiguar las inundaciones en la cuenca baja del río Tempisque. Entre otros, el proyecto es promovido por la diputada liberacionista, Mauren Ballestero.
En un documento de su despacho, se estima que la obra tendría un costo de $34 millones (¢19.040 millones).
El decreto autoriza a las instituciones públicas involucradas a pasar por alto la Ley Forestal, que impide el cambio de uso de suelo.
Al evadir la ley se permite inundar la zona boscosa protegida de la Estación Horizontes.
Según José Miguel Zeledón, director de aguas del Ministerio del Ambiente, el Estado ya está buscando los recursos para los estudios de factibilidad del proyecto.
Ballestero agrega en el documento de su despacho que dichos estudios demorarán nueve meses y está previsto que arranquen en el cuarto trimestre del 2009 con un costo de $531.000 (¢298,4 millones).
Las críticas. Pacheco, también catedrático de la Universidad Nacional, es el principal adversario del plan.
El especialista se basa en un viejo informe de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que data desde noviembre del 2001.
Desde entonces JICA cuestiona que se inunde una zona protegida declarada Patrimonio de la Humanidad. Además, señala la necesidad de expropiar a los propietarios de 700 hectáreas más de tierras de vocación ganadera.
Pacheco sostiene que al presidente Arias “lo embarcaron” con este proyecto, pues no valoró el impacto ambiental de La Cueva.
“Se trata de un proyecto de dimensiones gigantescas, con un altísimo impacto ambiental y consecuencias irreparables para los recursos naturales de un parque nacional y áreas vecinas”, agrega Pacheco.
Sin embargo, José Miguel Zeledón, del Minae, alega que el informe de JICA fue desautorizado por el Estado hace varios años.
El funcionario agregó que también se debe valorar la importancia de que la represa reduzca las inundaciones en la parte baja del río Tempisque y que causan millones en pérdidas todos los años.
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