Polémica desató la intención del Ministerio de Obras Públicas de impulsar un proyecto de ley para caducar aquellos derechos de agua que el Estado considere que han permanecido un tiempo suficiente sin ser explotados y que se mantienen con fines especulativos.
Empresas de diversos sectores productivos son titulares de estos recursos, ya sean de carácter consuntivo (que se retiran y no se devuelven) y no consuntivos (que se restituyen tras ser utilizados), y estarán expuestas a perderlos si este plan avanza.
Sin embargo, muchos estiman que esta opción está lejos de prosperar, pues si el trámite de la modificación al Código de Aguas, que instauró el pago de patentes, tardó más de once años, la idea que impulsa el ministro Sergio Bitar tardaría mucho más, pues requiere cambiar la Constitución.
“Me parece muy acertado pues el país no puede aceptar la especulación con bienes que son de todos los chilenos. Fui una de las impulsoras de la modificación al Código de Aguas y en su momento se discutió el tema de la caducidad y la opinión fue que debía cambiarse la Constitución, pues se trata de un derecho adquirido. Por ello sería de largo aliento”, dijo la ex titular de la Comisión Nacional de Energía, María Isabel González.

Confiscación
El abogado Arturo Marín -socio del estudio Guerrero Olivos, Novoa, Errázuriz- estima que sería una mala señal cambiar la Constitución para imponer la caducidad porque ésta “se usaría para afectar la propiedad e implicaría confiscar sin pago de indemnización”.
Añadió que de avanzar este cambio sólo debería aplicarse a derechos posteriores a la reforma, mientras que para los previos a ésta debería seguir el pago de patentes.
Otro consultor coincidió con la estimación de la actual gerente general de Energética y planteó que el MOP estaría actuando aceleradamente porque caducar los derechos no sería la mejor forma de corregir los vicios que genera el pago de patentes, en particular en el plano hidroeléctrico.
“Me parece correcto perfeccionar el sistema, pero primero hay que identificar claramente el problema para luego proponer soluciones”, indicó.
Las grandes generadoras, en tanto, prefirieron no comentar el proyecto por considerarlo una idea preliminar. Sin embargo, representantes de firmas de menor tamaño rechazaron el proyecto pues por esta vía el Estado controlaría un volumen importante de derechos dificultando el acceso para el desarrollo de proyectos energéticos privados.