Las entidades del campo, ante la situación crítica que atraviesa el sector, solicitó la declarar el estado de desastre agropecuario, la suspensión de juicios y remates, un fondo especial para el pago de las contribuciones patronales, que se permita la faena de animales livianos y suprimir los derechos de exportación de los productos agropecuarios, entre otras cosas.

El comunicado expresa:
“La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias continúa reclamando al Gobierno Nacional el cambio de medidas que tanto perjudican al sector agropecuario, que sumadas a la crisis económica internacional y a la terrible sequía que está padeciendo gran parte de nuestro país conforman un cuadro de crisis terminal para el campo. La pérdida de rentabilidad en nuestras actividades provoca en la actualidad, el corte casi total en la cadena de pagos del interior del país, la desaparición de miles de productores y la destrucción del tejido social que esto implica.
Lamentablemente el sector sigue sin tener respuesta del Gobierno pese a los reiterados pedidos de audiencia a la Presidente de la Nación para tratar de buscar soluciones a la crisis. No fuimos ni somos escuchados. Hubiéramos preferido debatir personalmente nuestras razones y propuestas oportunamente presentadas.
Ante ello, la Comisión de Enlace expone a la opinión pública y a las autoridades, los siguientes reclamos:
• Declarar el estado de Desastre agropecuario a nivel nacional por sequía y otras inclemencias climáticas en todas las provincias afectadas.
• Suspensión de los juicios y remates.
• Creación de fondo especial para el pago de las contribuciones patronales en las zonas afectadas.
• Eliminación de la Resolución que prohíbe la faena de animales livianos.
• Apertura de las exportaciones y normalización de los mercados de cereales, oleaginosas, leche y carne.
• Liberación y normalización de los mercados interno y externo de los productos lácteos.
• Ante la magnitud de la crisis, suprimir los derechos de exportación de los productos agropecuarios.
Es fundamental que el Gobierno Nacional comprenda que no escuchar al sector y sumirlo, por venganza, en una de sus peores crisis, significa condenar también a todo el país, abortando sus posibilidades de desarrollo y empobreciendo a millones de argentinos”.