En los últimos cinco años, la Argentina ha crecido a la sombra de la crisis energética. Los problemas más cercanos son los cortes del 27 de noviembre, que dejaron sin energía a más de 50.000 porteños cuando el termómetro ardía y superaba los 40º C. Pero la crisis empezó antes.
En el frío invierno de 2007, el gobierno restringió el servicio eléctrico a 4.700 industrias y grandes usuarios para “esquivar” los apagones en las grandes ciudades. “No son cortes, son restricciones de demanda”, se aclaró entonces. Las mismas medidas se habían tomado en el 2005.
La Argentina necesitó “restringir” su demanda energética, porque en los días más fríos y calurosos (los picos de demanda) la brecha entre la generación y el consumo de energía suele acercarse peligrosamente.
Los sistemas energéticos no deben funcionar así. Un grupo de expertos aclaró a El Litoral que existe un recurso estratégico para que la infraestructura eléctrica no sea una frazada corta, que obligue a elegir entre cubrir las necesidades de la industria o las del consumo residencial.
Técnicamente, se la denomina “capacidad de reserva o en exceso”, y en la Argentina se achicó por la falta de inversión y planificación. Para comprender este proceso, hay que hacer algunas cuentas. Si se suman todas las centrales eléctricas, en el país hay una potencia bruta instalada —teórica, no es la oferta real de energía— que supera los 24.000 megavatios, según la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea).
La otra pata de la comparación es la demanda. En el 2008, el pico máximo se registró el lunes 23 de julio, a las 19.30 (19.126 megavatios), según los datos de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).
Con estos números, la capacidad de reserva apenas supera el 20 %. Los expertos que consultó El Litoral coinciden en que esa cifra es un riesgo.

La brecha



Fuente: Fundelec

El vicepresidente de la Fundación Bariloche, Daniel Bouille, indicó que el porcentaje de reserva debería oscilar entre el 30 y el 40 %. Lo mismo dice el Ing. Francisco Carlos Rey (Cnea) en un trabajo sobre planificación energética.
“Nuestro sistema eléctrico debe poseer una capacidad en exceso por encima de la demanda de punta, como mínimo de un 40 %, debido a que es necesario prever los ciclos hidrológicos que nos limitan la generación hidráulica (por ejemplo, las sequías), la indisponibilidad habitual del parque térmico (reparaciones y mantenimiento), las obligatorias salidas periódicas del parque nuclear y los eventuales problemas de suministro de gas en el invierno” (Boletín Energético Nº 15, Cnea).
La historia reciente confirmó estas advertencias. El 31 de julio de 2006, la brecha prácticamente desapareció. El pico de demanda alcanzó los 17.300 mw y la oferta sólo llegó a 18.000 mw.
La generación de energía se incrementó en el último iceberg de la crisis —los cortes del 27 de noviembre— pero sin alcanzar niveles confiables (18.100 mw de demanda contra 21.000 mw de oferta). Al margen de cada situación puntual, las cuentas son sencillas. En la Argentina, la capacidad de reserva se redujo a casi la mitad de lo que se necesita. “Estamos al borde, no hay margen y falta back up”, sostuvo Jaime Moragues (doctor en Física y especialista en energías renovables), entrevistado por El Litoral.
En Santa Fe, los ingenieros Julio Doyharzabal y Jorge Caminos, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), coincidieron. “Hay un cuello de botella del que es complicado salir. La falta de planificación es el principal problema y para explicar lo que nos pasa ahora hay que remontarse a la historia”, afirmaron.

Algo habrán hecho



El primer capítulo de la crisis actual se escribe a principios de los ‘90, cuando el presidente Carlos Menem decidió privatizar buena parte de la estructura energética.
A partir de las privatizaciones, el gobierno transfirió al sector privado las decisiones sobre su infraestructura energética. “Se cerraron los grupos de planificación y el Estado se desentendió de la política de energía”, explicó Moragues.
“No se trata de estar a favor o en contra de las privatizadas —contextualiza Caminos—, a lo mejor una buena privatización, con un Estado que planificara y controlara, podría haber dado un buen resultado. Pero no fue lo que pasó”.
En un primer momento el impacto fue positivo. Los capitales privados invirtieron, hicieron crecer el parque de centrales térmicas y aumentó la capacidad de reserva. “Pero el problema fue que se cortó el proceso de diversificación de la matriz energética. Se paralizó el plan nuclear e hidroeléctrico y casi no se invirtió en energías renovables”, cuestionó Bouille.
Doyharzabal agregó más elementos: “No se buscaron nuevas reservas petroleras y no se hicieron obras para ampliar la red de transporte eléctrico”.
El esquema se complicó en 1998, cuando las empresas privadas dejaron de invertir en centrales térmicas. “Percibieron que el modelo económico se agotaba”, apuntó Bouille.
¿Qué pasó después? En el 2002, el parate económico disimuló los problemas (porque cayó la demanda). Pero cuando la economía se recuperó, la estructura energética se quedó corta. “El origen del problema no es responsabilidad de esta administración —analizó Bouille— pero sabían que lo heredaban e hicieron muy poco para corregirlo”.
En el 2005, el gobierno anunció “las restricciones de demanda” para las empresas. Después vinieron los planes de uso eficiente de la energía, las barcazas con generadores eléctricos y las nuevas centrales térmicas. También se retomaron las obras de Atucha II, pero las medidas llegaron tarde.
“El costo de haberse desentendido del tema durante 15 años va a ser alto. En materia energética las políticas son de mediano y largo plazo”, razonó Caminos.
Hay una sola forma de atenuar este impacto: definir un plan estratégico. “Es que ningún país puede crecer si no tiene una visión energética de mediano y largo plazo”, advirtió Doyharzabal.
Es una buena conclusión de lo que piensan los expertos que entrevistó El Litoral y también parece la forma más sensata para salir del laberinto energético.