El suministro de un mínimo vital de agua para el consumo de todos los suscriptores del sistema de acueducto en Colombia, está contenido en el Referendo del Agua, iniciativa popular avalada por más de dos millones de firmas y que empezará a discutirse en forma en la Comisión Primera de la Cámara desde el 16 de marzo de 2009.
Aunque ya cuenta con ponencia positiva mayoritaria, la Superintendencia de Servicios Públicos, en comunicación dirigida a dicha Comisión objetó, entre otros, la provisión gratuita del mínimo vital. Que “sería totalmente inconveniente” para las finanzas públicas en tanto asume que implicaría la estatización del servicio y que, según ella, “los particulares” lograron que en ciudades donde se “aglomera el 70% de la población” haya cobertura del 90% de acueducto en contraste con “706 municipios” donde la prestación viene de una empresa pública.
También acusa al Referendo de fundarse en que “los recursos del Estado son ilimitados”; que destinarlos a la financiación del mínimo vital “sacrifica la expansión de cobertura” a nuevos grupos; que se auxiliará también a los “ricos” y que las cantidades de agua que hoy se subsidian a los estratos 1, 2 y 3 son suficientes cuando se supone que el mínimo vital cubriría 1,5 m3 al mes por familia de 5 miembros. Estima el valor del gasto al año con este propósito en 1,2 billones de pesos.
Un examen de las cifras del sector arroja otras conclusiones. “Los particulares” no tienen el mérito mayor en las mejoras del sistema. En, Bogotá, Cali y Medellín, los prestadores son empresas del Estado y la inversión privada anual en el país, entre 1995 y 2003, años de “grandes transformaciones”, fue el 15% del total del sistema, la pública fue el 85% restante.
Las tarifas del agua se fijan con base en el costo medio (como si llevar agua en escala no disminuyera cada vez ese valor) e incluyen además, a cargo del suscriptor, el monto de la inversión futura; la cual no sale de las utilidades empresariales. El análisis financiero sectorial muestra un EBITDA del 40% y una rentabilidad sobre activos, que en muchos casos son explotados en concesión, del 8%. En Bogotá, en 1995 un metro cúbico básico para el estrato 3 correspondía al 2,2% del ingreso por habitante; en 2007 alcanzaba al 9,7%. Hay más de 400.000 suscriptores desconectados por año, la mayoría de estratos “subsidiados”. No les alcanza.
Si la tarifa media de un metro cúbico de agua residencial es de $1.026 (según consolidado en 2006); el metro cúbico gratuito al año valdría $12.312 y, si son 5,3 millones de familias suscriptoras efectivas, el costo total anual aproximaría a $66.000 millones. Si se toman recomendaciones mundiales, que establecen el mínimo vital entre 6 y 10 metros cúbicos mensuales, al multiplicar por estos factores el valor general de la propuesta, se aforaría entre 400 mil millones y hasta 750 mil. En el “peor” escenario sería un tercio del cálculo de la Superintendencia y equivaldría al 1/125 del gasto social del gobierno o al 1/60 del servicio de deuda pública o al 1/40 del rubro de seguridad. Frente a los otros “espantapájaros” de la Super, vale anotar que en Colombia los estratos “ricos” son sólo el 7% de las familias y que el 64% de beneficiados están en las 17 ciudades principales.
¿Cómo financiar el mínimo vital? El sector de acueducto y alcantarillado recibe $3,75 billones anuales. El 58% viene de tarifas, el 24% del Sistema General de Participaciones, el 15% de regalías directas e indirectas y un 3% de los rendimientos financieros del dinero del agua puesto en los bancos. Un Fondo Único con tal fin se alimentaría de un punto porcentual de lo que las regiones destinan a libre inversión del Sistema General de Participaciones, con lo cual se allegarían los primeros 200 mil millones. De 700 mil millones de regalías indirectas, que se dedicarán a planes departamentales aguas, podrían aplicarse 100 mil. Si, para las grandes ciudades, se destinan los rendimientos financieros de sus empresas, que hoy valen 100.000 millones y se contempla que la tasa de captación en inversiones temporales de los dineros que vienen del pago del agua, que sólo en Bogota suman 600 mil millones, aumenta en dos o tres puntos sobre la DTF, aparecen otros orígenes. Nuevas escalas de tarifas, penando el consumo suntuario (de los estratos “ricos”) generarían otras fuentes. Sería un proceso paulatino.
Con estas ideas y otras en la misma dirección ni se exponen las empresas, antes bien se les aseguran unos ingresos, ni se acaba con el agua como avisan ilustres contradictores; sólo se cumple con el pueblo un precepto que ya está en el bloque de constitucionalidad acorde con los tratados que sobre derechos fundamentales ya contrajo Colombia. Así de sencillo, sin misterio.