La posición de la bancada justicialista en el Concejo Deliberante piquense de demorar el aumento tarifario que solicitó Corpico para el servicio de provisión de agua potable tiene mal olor. En esa morosidad para resolver lo que la cooperativa viene pidiendo con urgencia se entrevé, antes que un genuino interés por el vecindario piquense -que a la vez es "dueño" de la cooperativa-, una maniobra que busca poner en dificultades a la conducción de la entidad solidaria.
La cuerda viene tensándose innecesariamente, como innecesarias son las chicanas que los ediles justicialistas vienen enarbolando para justificar su táctica dilatoria. Muy distinto fue el proceder del bloque justicialista cuando tuvo que sancionar, en el curso del año pasado, los aumentos en las tasas municipales solicitadas por el Ejecutivo. Ahí sí, la mayoría funcionó aceitadamente para complacer al jefe del gobierno municipal.
Concejales opositores han puesto el dedo en la llaga cuando por estas horas recordaron cómo el cuerpo deliberativo, no hace tanto tiempo, procedió en forma diametralmente opuesta a la hora de decidir ante un pedido de los propietarios de los autos de alquiler. En esa oportunidad el oficialismo aprobó en soledad la liberalización de la tarifa cuyo valor comenzó a ser fijado y aplicado por las empresas dueñas de los vehículos, con independencia del CD, a pesar de que prestan un servicio público.
Las autoridades de Corpico solicitaron la actualización tarifaria de los servicios de agua potable y cloacas para terminar con un déficit crónico que ya lleva más de diez años, según mostraron a la prensa los consejeros de la institución. Durante ese tiempo pasaron por la entidad distintas administraciones y cuerpos gerenciales que nunca pudieron superar esa situación que hoy se pretende corregir. Por eso, ante la actitud dilatoria del oficialismo en el CD no faltaron voces dentro del consejo de administración de la cooperativa que hablaron de devolverle el servicio a la comuna para que ésta se haga cargo, y en tal caso ver cómo reacciona en materia tarifaria.
Si bien esa medida constituiría una excelente oportunidad para observar cómo resolvería el municipio la cuestión tarifaria ante un servicio que arroja fuertes pérdidas y que pasaría a estar bajo su órbita, en verdad sería un retroceso que la institución cooperativa piquense se viera obligada a ceder una prestación vital a causa de estas miopes maquinaciones de los ediles oficialistas.
A esta altura aparece como evidente que en este enfrentamiento, que preocupa a la sociedad piquense, el justicialismo -que cuenta con siete de las doce bancas del concejo deliberante y por lo tanto un poder de decisión absoluto en el recinto-, no está ausente una suerte de celo político contra la conducción independiente de Corpico, que asumió años atrás la conducción de la cooperativa luego de largo tiempo en poder de una dirigencia dócil al PJ.
Parece mentira que a los ediles justicialistas piquenses, a esta altura de los acontecimientos, haya que recordarles acerca de la importancia de las cooperativas de servicios públicos en nuestra provincia y de la necesidad de defenderlas por el relevante papel social y económico que cumplen como empresas genuinamente regionales. El movimiento cooperativo pampeano tiene tras de sí una rica historia de luchas y una sólida tradición de defensa de los intereses de los usuarios, que hoy se valoran mucho más luego del desastroso proceso de privatización de las empresas públicas que vivió nuestro país. Por lo tanto no merece este manoseo.