A pesar de los reiterados reclamos de los vecinos del barrio San Lorenzo Norte y de las visitas que han realizado a distintos organismos públicos, ni el Estado provincial ni el municipal aceptaron ayer responsabilizarse por los daños que está generando en el sector la marcada bajante del nivel del agua de la laguna San Lorenzo.
La preocupación de los vecinos y de las recientes autoridades de la comisión vecinal del sector comenzó hace un par de semanas cuando el nivel del agua de la laguna formada hace más de 30 años por la extracción de áridos comenzó a evidenciarse. Desde entonces cientos de peces, especies vegetales e incluso algunas aves fallecieron y los vecinos culpan de ello a una obra de conexiones cloacales que a sólo 50 metros de la laguna extrae con una bomba el agua de la napa.
Desde la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia se indicó que el predio no forma parte del área de acción del organismo. La responsabilidad por su estado y preservación sí fue reconocida por la directora de Medio Ambiente del municipio, Patricia Zúñiga, quien sin embargo aseguró que "no podemos hacer nada porque si lo que está pasado es, como dicen los vecinos, que una obra está afectando el nivel de la napa, entonces la responsabilidad es de la Subsecretaría de Obras Públicas del municipio que es la que debe haber autorizado esa obra".
El subsecretario municipal de Obras Públicas, Guillermo Monzani, aseguró que "la obra que se está realizando a media cuadra de la laguna es un tendido de red cloacal que depende del plan Promeba, que es un plan financiado por el gobierno nacional y ejecutado por el gobierno provincial a través de la ADUS". En este sentido Monzani aseguró que "nosotros sólo autorizamos la ejecución pero el control de la obra en sí, como de todas las obras de tendido de redes cloacales depende del EPAS".
La respuesta de las autoridades del EPAS no tuvo mucha diferencia a las anteriores ya que se aseguró que "nosotros sólo controlamos que las cañerías tengan la inclinación adecuada, lo que pasa con la napa es un problema medioambiental de la empresa que el ADUS contrató y en el que no podemos hacer nada".