La Defensoría del Pueblo de Tucumán, que trabaja mancomunadamente con la Defensoría santiagueña en el marco de las actuaciones por la contaminación del embalse de Río Hondo y sus zonas de influencia, realizó un pedido oficial a la Secretaría de Ambiente de la Nación para “ejercer un mayor control del Programa de Reconversión Industrial”. El programa fue firmado por las industrias de las provincias que integran la Cuenca Salí – Dulce a finales de 2007, y comprometía a las empresas a invertir en tecnología ambiental a partir de un préstamo especial realizado por la Nación.
El defensor del pueblo de Tucumán, Jorge García Mena, dijo en declaraciones a EL LIBERAL que “hay que ver qué está ocurriendo porque algo evidentemente no está bien, si seguimos teniendo estos problemas es porque hay alguna falla en el Programa de Reconversión Industrial”.
García Mena indicó que junto con su par santiagueño, Darío Alarcón, se continúa a la espera de los informes que se adeudan de Gendarmería de la Nación, la Hidroeléctrica Río Hondo y el Comité de Cuenca.