“Nunca estuvimos de acuerdo con los cortes de ruta”, dijo el jueves el ex presidente Néstor Kirchner, apenas 48 horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anunciara que en 2008 la tasa de inflación cayó al nivel más bajo de los últimos cuatro años, que en los últimos 12 meses el precio de los alimentos básicos subió apenas 0,4 por ciento y que los bienes “estacionales” de la economía son ahora, en promedio, 7,5 por ciento más baratos de lo que eran hace dos años.
Mientras tanto, cientos de miles de usuarios comenzaron a notar en sus facturas el peso de la “readecuación” que el Gobierno dispuso para las tarifas eléctricas, cuyo impacto potencia el Plan de Uso Racional de la Energía Eléctrica, al pasar el consumo de hoy por el tamiz del de los últimos dos años. ¿La transparencia? Bien, gracias.
Además de sortear las dificultades que imponen la mentira y la opacidad, el conocimiento y análisis de las políticas oficiales exige también despejar una espesa capa de confusión. Ni los propios funcionarios involucrados tienen claro, a esta altura, si para afrontar la dramática sequía que sufre la mayoría de las provincias argentinas el Estado dispondrá de un plan centralizado o aplicará la ley 22.913, de Emergencia Agropecuaria. O una mezcla de las dos cosas.
Reparto discrecional. El primer camino lleva la marca del ex presidente Néstor Kirchner en el orillo y en el gabinete es fogoneado por el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Consiste en la distribución a dedo de varios cientos de millones de pesos por parte de la cartera de Randazzo, el ministro político, en un año electoral. La idea es trabajar con gobernadores e intendentes de los distritos más afectados. Gobernadores, cuando se trata de provincias afines. E Intendentes, cuando conviene.
Un adelanto de la arbitrariedad con que el kirchnerismo aplica ese tipo de planes pudo verse la semana que pasó, cuando en el sur de Buenos Aires empezaron a llegar a las chacras de productores afines las primeras partidas de las 15 mil toneladas de maíz que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, envió para atenuar el estrago de la sequía sobre la hacienda. El mensaje: hacete amigo de Moreno, que es como decir amigo de Kirchner.
En la declaración de Emergencia por parte de la Nación trabaja, en tanto, la ministra de Producción, Débora Giorgi, que recibió del jefe de Gabinete, Sergio Massa, la instrucción de pasar en limpio la situación de todos los distritos y de la ayuda que el Gobierno aplicó hasta ahora en cada uno.
Marche una emergencia. Un puñado de resoluciones, con las firmas de Giorgi, Randazzo y el ministro de Economía, Carlos Fernández, se difundirá en los próximos días, en las que se declarará la emergencia en 15 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.
Los límites de la medida no están claros. Algunas fuentes hablan de más de 300 millones de pesos, pero incluyen en esa cuenta 234 millones ya ejecutados. Y si el Gobierno homologa la declaración de emergencia de las provincias, le será difícil limitar su ayuda a montos tan exiguos para la magnitud del desastre.
La ley 22.913, de Emergencia Agropecuaria, sancionada sobre el fin de la dictadura militar, dispone principalmente dos beneficios: la suspensión del pago del Impuesto a las Ganancias y la moratoria de deudas bancarias, básicamente en cabeza del Banco Nación. Todo bajo control de una Comisión de Emergencia, coordinada por el secretario de Agricultura (actualmente, el inexpresivo Carlos Cheppi) e integrada también por representantes de las provincias y de las entidades del agro. Nada de eso ha sido instrumentado.
Sucede que con el desastre de la sequía, igual que con la crisis económica, el Gobierno prefiere hacer jueguito para la tribuna. Por eso montó nuevamente otro acto de anuncios en Olivos, donde la Presidenta buscó lucir generosa y comprensiva, y en los días siguientes se trenzó en nuevos cruces verbales con un campo cada vez más en pie de guerra.
Los productores y la dirigencia rural se equivocarían si insistiesen en reiterar los patoteriles y antidemocráticos cortes de ruta del año pasado, pero desgraciadamente la tendencia va por ese lado, como se vio en la semana pasada. Peor aun es que al Gobierno no le disgusta del todo. Incapaz de convocar al diálogo y buscar soluciones consensuadas, parece preferir una nueva pelea, en la que intentará lucir magnánimo y legalista frente a la “avaricia” rural.
Lo que nos lleva de vuelta a la increíble declaración de Kirchner con que se abrió esta nota, con la que condenó los cortes de los puentes entre la Argentina y Uruguay que hace más de dos años mantienen los obcecados asambleístas.
Quedarse en el corte. El ex presidente, igual que el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y los funcionarios kirchneristas que redoblaron y remacharon las palabras de quien reconocen como su verdadero jefe, tienen razón en condenar esos cortes. Son ilegales, atentan contra derechos básicos de los ciudadanos (a transitar libremente, a comerciar). Para peor, han sido ineficaces en su cometido y han perjudicado a la propia región que los asambleístas alegan defender.
Pero los motivos por los que el Gobierno los impugna ahora, después de haberlos estimulado, expresa o tácitamente, no son aquéllos, sino su creciente impopularidad y el hecho de que se interponen en el objetivo de Néstor Kirchner de ser presidente de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), para lo cual su candidatura debe superar el veto de Uruguay, a más tardar en junio, cuando una cumbre regional defina el asunto.
Viejas taras (inflación dibujada, confrontación e intercambio de chicanas con el campo, mentiras sobre los cortes de ruta) se superponen así con la sequía, una crisis internacional que cala cada vez más hondo, problemas de empleo, aumento de la pobreza.
Nada de esto es sencillo de solucionar. Pero ¿están el país y su Gobierno condenados a no aprender?