A la lista de aumentos en los servicios de luz, gas, peajes de acceso a la Capital Federal y al impuesto inmobiliario bonaerense se sumará, desde marzo, un nuevo ítem: el servicio agua y cloacas que presta en 80 municipalidades de la provincia de Buenos Aires la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA). El incremento no será retroactivo y castigará con mayores costos a los que utilizan "indiscriminadamente" el recurso.
El decreto publicado en el Boletín Oficial, por el que se autoriza la suba mensual para la prestación de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales, establece el tarifario de acuerdo con la superficie del inmueble y habilita al propietario a solicitar la instalación de un medidor de caudal. El nuevo cuadro tarifario recién se conocerá en marzo cuando comience a aplicarse el incremento.
Guillermo Scarcella, presidente de ABSA -90% por ciento de capital del Estado y 10% del gremio– recordó que hace 18 años que estos servicios no aumentaban en el territorio provincial.
"No debe existir en el país un servicio que esté congelado durante 18 años, desde 1991 la tarifa en la provincia no se toca", señaló el funcionario quien aseguró que la provincia "está invirtiendo 399 millones de pesos de fondos propios".
El titular de la empresa mixta explicó que "se mantendrá la tarifa social para 18 mil familias y también las exenciones a jubilados" y agregó que "la suba llegará para quienes no hacen un uso racional del agua, que llenan piletas o lavan veredas".
"El agua será uno de los commodities del futuro, por eso todos tenemos que cuidarla y aquellos que más la utilizan de manera indiscriminada, van a tener que pagarla", enfatizó.

IMPUESTAZO. En otro orden, Scioli negó que sea "un impuestazo" el aumento del tributo inmobiliario y destacó que con la medida buscan "apuntalar los hogares más humildes", ya que también serán eximidos del pago los propietarios de un millón y medio de viviendas.
"Yo lo que quiero es que esta vez no sean los pobres los que soporten sin ayuda el peso de la crisis, como pasa siempre en la Argentina, sino que sea al revés, mejorar la situación", argumentó Scioli, quien minimizó el impacto del incremento debido a que afecta a "ocho por ciento" de las propiedades, correspondientes a las de mayor valor fiscal.
El proyecto de la agencia recaudadora que conduce Santiago Montoya, que entraría en vigencia este martes, estipula que 252.000 viviendas sufrirán un ajuste superior a 12,5 por ciento, aunque sin pasar el tope de 20 por ciento, según dijeron a DyN fuentes de ARBA.
Con la medida, señaló el gobernador, "sólo se junta para el Estado provincial ocho millones más sobre los 1.100 (millones) que ya se está recaudando por este impuesto".
"Aquí, lo que se ha orientado fundamentalmente es a la igualdad, a la distribución del ingreso, hay que entender que esto no es un impuestazo como nos acostumbraron durante años", subrayó.
Indicó que "92% de las casas o departamentos de la Provincia dejan de pagar, bajan o quedan igual, estamos hablando de 4.150.000 propiedades. De las 343.000 restantes, que es el 8%, 252.000 sufrirán un aumento promedio de 12,3%, con un tope garantizado de 20%, y 91.000 no pagan porque se le devuelven 30 millones de pesos del impuesto derogado a la riqueza y reciben su boleta en cero".
"Necesitamos apuntalar los hogares más humildes, más pobres, que no paguen, y reciba 8% de las casas y departamentos un promedio de 12,3 (por ciento de aumento) con un tope garantizado de 20%", precisó.
El millón y medio de viviendas que quedará eximido del pago del impuesto corresponde a propietarios de viviendas humildes, jubilados y veteranos de Malvinas de la Provincia.

Fuente: DyN