Que la Justicia tiene sus tiempos no es novedad. El problema es cuando la salud de un grupo de personas queda supeditada a lo que los propios funcionarios judiciales decidan. Mientras tanto, los días siguen pasando y el delicado estado sanitario de las 30 personas que sobreviven en el recóndito paraje de Las Lomitas en la localidad de El Rodeo (Juan Bautista Alberdi) se mantendrá inalterable.
Ayer, el juez de feria Pedro Roque Arnedo (Juzgado de Menores del Centro Judicial de Concepción) no pudo avanzar en cuanto a la toma de decisiones concretas en cuanto a esta problemática humanitaria. En concreto, la audiencia de avenimiento convocada por el magistrado se postergó hasta el próximo 26 de enero debido a que una de las partes citadas no asistió el encuentro. Cabe aclarar que originalmente la causa está a cargo del juez de Instrucción Penal de la I Nominación, Raúl Fermoselle.
La medida fue dispuesta en el marco de la causa iniciada por la ONG Unión de Vecinos del Sur (Uni.Vec.) a través de la cual se reclamó que se atienda el preocupante estado de indigencia de estas personas y, en forma paralela, se investigue cuál es la causa de la contaminación del Matazambi, uno de los principales recursos con los que cuentan para poder sobrevivir.
Si bien estudios del Siprosa confirmaron el corroboraron la contaminación del curso de agua natural y la presencia de arsénico un nivel superior al 170 por ciento (según lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud) aún no se determinó quiénes son los responsables del daño de origen antrópico del arroyo (el arsénico tiene origen natural).
Hasta ahora, se sospecha que el daño sería causado por líquidos provenientes de diez piletones destinados al tratamiento de efluentes ubicados a pocos kilómetros de allí, en el paraje denominado Los Guayacanes (a seis kilómetros al este de la ciudad Alberdi). Se trata de piletas de tierra los cuales, según los ambientalistas denunciantes, no contarían con dispositivos de seguridad y monitoreo, donde se trata la vinaza proveniente del ingenio Marapa y los desechos cloacales de Alberdi.

Rechazan una ayuda urgente a favor de los damnificados
En la audiencia, el fiscal que entiende la causa, Edgardo Sánchez (de Instrucción Penal de IV Nominación), solicitó al juez una medida cautelar contra los supuestos responsables de la contaminación del arroyo exhortándolos a que habiliten a las familias damnificadas tres pozos de agua potable y seis instalaciones sanitarias. Fermoselle, por su parte, no dio lugar a planteo.
La ausencia en la reunión de uno de los actores fundamentales en la causa, la firma Saneamiento y Urbanismo SRL (explota lo piletones de tratamiento de efluentes) fue el motivo por el cual el magistrado entendió que no puede avanzarse en la causa.
Sí, en cambio, estuvieron presentes en la audiencia representantes de la firma Atanor (administra el ingenio Marapa), de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), del municipio de Juan Bautista Alberdi y los referentes de Uni.Vec. Gustavo Masmud y Claudia Cecilia Noguera.