El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue el primer mandatario provincial en declarar, a través de un decreto, el estado de emergencia agropecuaria por la sequía más grave de los últimos años. Entre Ríos no es el único distrito donde se tomó nota de la gravedad de la crisis. El chaqueño Jorge Capitanich anunció compensaciones para los productores. Y en La Pampa se pidió a la Nación el “auxilio urgente” para los casi 5 mil productores afectados.
La crítica situación derivada de la sequía provocó en Entre Ríos la medida más drástica: Urribarri se reunió ayer con representantes de entidades agropecuarias y les anunció la sanción del decreto que declara la “emergencia o desastre agropecuario” y en un gesto inusual recibió al líder de la Federación Agraria de Entre Ríos, una de las figuras más críticas a la política oficial sobre el campo, Alfredo De Angeli. El ruralista sostuvo que le llevó al gobernador las propuestas del sector para los “productores endeudados” y que esperará las respuestas del mandatario.
“Es la actitud que se impone para encontrar soluciones ante la inédita y grave situación registrada en la provincia a raíz de la sequía”, destacó Urribarri a los productores, después de recibir a De Angeli. En una reunión que encabezó en Casa de Gobierno, les informó además que solicitó la constitución en Entre Ríos de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria.
El decreto declara el estado de emergencia agropecuaria desde la fecha y hasta el 30 de junio próximo en todos los departamentos de Entre Ríos para los cultivos de soja y sorgo afectados por la intensa y prolongada sequía ocurrida en 2008 y lo que transcurre de 2009. Mediante la normativa, se dispuso también que la Dirección General de Rentas conceda una prórroga para el Impuesto Inmobiliario Rural y Sub-Rural hasta el 30 de junio, que incluirá el pago anual o anticipos del gravamen con vencimiento hasta esa fecha sin multas ni intereses.
Urribarri afirmó que “la severa sequía que atraviesa nuestro territorio provincial es inédita para mi generación” y agregó que “no es posible recordar en casi 50 años una situación tan grave que tenga como origen al clima”.
En este contexto, subrayó la importancia de reanudar el trabajo conjunto para encontrar soluciones que contemplen “los intereses de todos” y recordó: “Pasamos varios meses del año 2008 discutiendo principalmente sobre ganancias extraordinarias y precios y perdimos todos: el campo, el Estado y la sociedad”.
Por último, sostuvo que se están programando reuniones con representantes de sectores que resultaron afectados por la sequía y no están contemplados en el decreto, entre ellos de la apicultura, la citricultura y el transporte.
Por su parte, el chaqueño Capitanich advirtió sobre la fuerte sequía y anunció una compensación de 15 mil pesos por productor. Capitanich remarcó que en su provincia se produjo “una fuerte reducción de la superficie de trigo” sembrado ya que no llegaron a las 10.000 hectáreas, cuando lo normal es tener 40.000 hectáreas. En cuanto al girasol, se redujo a un tercio de la superficie habitual, unas 142 mil hectáreas por efecto de la sequía”, indicó el gobernador.

Planificación se hace cargo
El Ministerio de Planificación confirmó ayer que Yolanda Eggink –denunciada por un pago irregular de 54 millones de pesos– trabaja en la Secretaría de Minería, como informó Crítica de la Argentina el sábado pasado. El comunicado precisa que Eggink “es empleada de planta del Ministerio de Economía y cumple servicios en comisión en Minería por resolución 5217 del entonces secretario legal y administrativo, Eduardo Prina”. Si bien está procesada por el caso Greco, el ministerio sostiene que nadie le informó que Eggink “tenga algún impedimento administrativo o judicial” para continuar en su puesto.