El malestar de los ruralistas es creciente, al ritmo de la falta de respuestas por parte del gobierno nacional a las necesidades planteadas por el campo y la Mesa de Enlace, conformada por las cuatro entidades. Ante esto, productores independientes y dirigentes del Distrito Córdoba de Federación Agraria Argentina (FAA), quienes tuvieron un rol activo en los piquetes durante el conflicto por la Resolución 125, acordaron ayer proponer una rebelión fiscal a partir del mes próximo, lo cual impactará directamente en las arcas de la administración central y local.
“Esta modalidad de protesta surge como consecuencia de la inactividad, tanto a nivel provincial como nacional, de proponer medidas concretas ante la sequía imperante en numerosas regiones, actitud que se suma a los últimos anuncios que distan de solucionar los problemas del sector”, al decir de los productores.
“El gobierno no ayuda al campo. Es socio en las ganancias, pero no en las pérdidas... estamos cansados y hay un desánimo generalizado”, dijo a LA MAÑANA Agustín Pizzichini, presidente de la FAA Córdoba, al tiempo que calificó de “alarmante” las pérdidas en todo el país.
El dirigente explicó que la medida tendría un alcance de 90 días y es una nueva forma de manifestar y mostrar el descontento sin necesidad de cortar las rutas. “Los cortes de rutas no van más, hay que buscar otra manera de reclamar y no pagar los impuestos puede ser una opción”, sostuvo Pizzichini. Respecto a la situación provincial, dijo que los chacareros se quejan de que “el gobierno cordobés eliminó el beneficio del 30 por ciento de descuento por el pago en efectivo anual del Impuesto Inmobiliario Rural” al incorporar el Fondo de Desarrollo Agropecuario.
La idea de no pagar los compromisos fiscales -aunque cuando lo hagan será con intereses- será planteada y analizada en la reunión que los dirigentes federados mantendrán en Rosario el 5 y 6 de febrero. Asimismo, la delegación local pedirá la realización de un paro de comercialización a partir del segundo mes del año en reclamo de la política del gobierno nacional.
Por su parte, la FAA de Buenos Aires realizará cuatro asambleas multisectoriales en las distintas regiones de la provincia “ante la falta de respuesta del gobierno nacional y provincial frente la crisis del campo”. “A lo largo y ancho de la provincia estamos padeciendo una gravísima situación, porque seguimos sin tener una política agropecuaria ni soluciones a los problemas que nos aquejan, a los que se suma la terrible sequía que azota a todo el país”, señaló Guillermo Giannasi, presidente del Consejo y director de FAA.

“No soltar la mano”
En tanto, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, subrayó ayer que “la decisión del gobierno nacional es no soltarle la mano a los productores” afectados por la sequía, pero aclaró que “no le corresponde” al Poder Ejecutivo la emergencia agropecuaria. En ese marco, explicó que la labor de la Casa Rosada es “recibir las evaluaciones” que hace cada provincia afectada que, tienen procedimientos particulares para la declaración de la emergencia, y llevar a cabo “un trabajo coordinado y estar al lado de cada gobernador e intendente”.
Además, recordó que “hay realidades muy distintas” en cada distrito respecto a problemas de sequías o incluso inundaciones, como algunas zonas de Salta, pero resaltó que la decisión es “trabajar codo a codo para que las provincias y los productores sientan que el gobierno está al lado de ellos”. Cuando se le preguntó si habrá nuevas medidas por parte de Cristina Fernández de Kirchner para atender el problema de la sequía, Massa respondió que “la Presidenta ya hizo anuncios y ahora lo que corresponde es que cada una de las áreas” lleve adelante la ayuda comprometida.
“Con cada una de las provincias vamos articulando de acuerdo a las necesidades. Es un tema que nos ocupa y obviamente nos preocupa y que por sobre todas las cosas nos debe tener al lado de los productores y poniendo todas las herramientas que tiene el Estado para ir resolviendo estas situaciones que están a la mano de Dios”, recalcó.
Al respecto, las provincias de Entre Ríos y Chaco ya declararon la emergencia agropecuaria en sus territorios, en tanto en otras provincias se tomaron medidas similares, aunque acotadas a algunos municipios.