La contaminación del arroyo Matazambi podría poner la cabeza del intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Armando Campos en la picota. El alto índice de afectación de este curso de agua, afluente del río Salí, es el motivo por el cual el jefe municipal justicialista podría presentarse ante el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas a prestar declaración indagatoria en calidad de imputado por la aparente violación de la ley nacional 24.051 (sobre residuos peligrosos).
Junto a Campos, el fiscal federal subrogante Antonio Gustavo Gómez requirió este martes que se cite a indagatoria a Martín Alvarado, en calidad de miembro (y posible propietario) de la firma Saneamiento y Urbanismo SRL que explota la Planta de Tratamiento de Efluentes Los Guayacanes, y a Felipe Antonio Arroyo, encargado de esta planta.
Además, el fiscal general federal (reemplazó durante dos días al fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer) también solicitó que se presente ante el magistrado el presidente del ingenio Marapa (pertenece a la firma Atanor) Miguel Ángel González.
Según Gómez, en la localidad de los Guayacanes (ubicada a seis kilómetros al este de Alberdi), se encuentra la planta conocida como “Laguna de Guayacanes” donde, en una serie de piletones, se tratan desechos cloacales de la ciudad sureña y los provenientes del ingenio Marapa.
En el requerimiento, al que tuvo acceso primerafuente, se sostiene que allí no se cumple con ninguna medida de prevención para evitar la filtración del líquido contenido, contaminando de esta manera las napas, “de las que los pobladores extraen agua para beber y demás actividades que hacen al devenir cotidiano del ser humano”.
Esta mención hace referencia al grave estado sanitario en el que se encuentra un grupo de familias ubicadas a orillas del Matazambi en el paraje de Las Lomitas, localidad de El Rodeo. Cabe aclarar que las 30 personas que allí residen carecen de agua potable para poder subsistir e históricamente se valieron del Matazambi como su principal recurso de subsistencia. La contaminación de este arroyo (confirmada por estudios del propio Siprosa) los dejó en la miseria total, según denunciaron las organizaciones ambientalistas Unión de Vecinos del Sur (Uni.Vec) y Pacto Verde. Justamente, estas dos agrupaciones promovieron acciones judiciales tanto en la Justicia Federal como en la provincial ante el daño ambiental y humanitario que se vive en esa zona.

La posible contaminación de Los Guayacanes afectaría la cuenca Salí-Dulce
En el requerimiento elevado a Bejas (al que accedió primerafuente en forma exclusiva), se manifiesta que los piletones de tratamiento de desechos de Los Guayacanes carecen de dispositivos que permitan aislar los gases que se emanan por la acumulación y fermentación de los fluidos.
Estos desechos, tras pasar por un canal, llegan al arroyo Matazambi cuya descarga se produce en el Embalse de Río Hondo (cuenca Salí-Dulce) los que marca su interjuridiccionalidad, elemento que configura de la competencia del fuero federal.
Incluso, la documentación hace referencia a estudio realizado por personal de la Dirección General de Salud Ambiental del Siprosa en cuanto a la contaminación hídrica en la localidad de las Lomitas y el estado no apto del agua para su consumo.
“La reprochable conducta desplegada por los responsables, como ya mencione con anterioridad, está prevista y sancionada por la ley 24.051, que en su artículo 55 establece: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el art. 200 del Código Penal (3 a 10 años), el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión”, agrega el requerimiento en manos del juez federal.
En tanto, Gómez solicitó que en todos los casos y en forma previa a comparecer, se ordene a la Subdelegación Concepción de la Policía Federal se tomen huellas decadactilares a cada uno de los imputados y se soliciten informes al Registro Nacional de Reincidencias.