“Si no hacemos algo en la provincia de Buenos Aires, somos boleta. Toda línea de acercamiento que podamos tener con los sectores agropecuarios, con los laburantes, va a servir de mucho”, señaló a Página/12 un allegado permanente a la Quinta de Olivos.
Estas palabras, cargadas de crudeza y realismo político, no son más que el reconocimiento por parte del Ejecutivo de que la sequía podría desembocar en un nuevo escenario de conflicto político, más que económico, con las entidades agropecuarias.
Por eso evalúan profundizar las medidas para el sector. Desde la cartera de Producción, que conduce Débora Giorgi, indicaron a este diario que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner podría anunciar tras su regreso de Venezuela ayuda directa en dinero para los productores afectados y ampliar el programa de forraje.
“Por ahora no se habla de decretar la emergencia nacional”, aclararon a Página/12. Desde otro sector gubernamental, indicaron con sutileza que a raíz de la baja en las cosechas, algunas retenciones “no podrán justificarse”, como el caso del maíz.
Cada vez son más las provincias que declaran la emergencia agropecuaria en sus distritos: Entre Ríos, Buenos Aires, Santiago del Estero, La Pampa, entre otras. Y ayer se le sumó Corrientes. El reclamo de las entidades que integran la Mesa de Enlace es que el Ejecutivo decrete la emergencia a nivel nacional. Desde el Gobierno siguen desestimando esta posibilidad. Sin embargo, escuchan alternativas. “Los productores, los laburantes (y no los dirigentes), piden ser escuchados, que los reciba alguien con más peso que (Guillermo) Moreno. Hay que tender puentes para aliviar al sector que está realmente mal”, aseveró a Página/12 un alto legislador kirchnerista.
El Ministerio de Producción está analizando cómo ampliar las medidas para el campo. De cuajo, descartaron por el momento decretar la emergencia nacional y diferir el pago de retenciones a las exportaciones. Lo que sí trascendió desde la cartera que conduce Giorgi es que se sigue avanzando con el plan maíz, para extenderlo a más productores. Y subsidios directos. La última palabra saldrá de la Quinta de Olivos. Un funcionario del Gobierno afirmó a Página/12 que como la cosecha de maíz caerá fuertemente, y eso derivará en un freno de sus exportaciones, “quizás se suspendan las retenciones a este cultivo hasta la próxima campaña”. Por ahora, son especulaciones dentro del mismo Ejecutivo. Eso sí, la soja quedaría afuera, no por ser demonizada, sino porque sus rindes serían más estables que los otros granos.
Más allá que desde el Ejecutivo sigan negando que se decretará la emergencia a nivel nacional, el diputado kirchnerista Alberto Cantero recalcó a este diario que en la Cámara baja está para ser tratado un proyecto para modificar la actual ley de Emergencia Agropecuaria. Según indicó el legislador, con una normativa de estas características (con las modificaciones que haya que agregarle) no sólo se atenderían a empresas agropecuarias sino a los productores, con los cuales se haría también un trabajo de prevención a largo plazo.
La iniciativa oficial plantea otorgar compensaciones directas a los productores, subsidiar las tasas de interés para la compra de bienes de capital, líneas de créditos blandas y beneficios impositivos. “Se trabajaría con una comisión nacional, integrada por el Ejecutivo, las provincias y todas las entidades agropecuarias”, indicó Cantero.
El año pasado, en pleno conflicto, se intentó votar la normativa pero los avatares políticos la bajaron de agenda. Los cuestionamientos de la oposición estuvieron focalizados sobre los montos que se destinarían. Por más que suene a Perogrullo, “si se hubiera sancionado la ley, hoy sería más fácil tratar la sequía”, agregó el diputado.
El próximo martes se concretará una nueva reunión de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria –como todos los últimos martes del mes– para tratar la problemática que enfrentan provincias tales como Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Chubut y San Juan. Del encuentro participarán funcionarios del Ministerio del Interior, Economía, Producción, del Banco Nación y del Banco Central. La Comisión deberá evaluar los informes técnicos presentados por las diferentes provincias.