Todo hacía pensar que la amenaza de desempleo, por las políticas de ajuste aplicadas por los principales sectores empresarios, iba a ser la preocupación prácticamente excluyente del Gobierno en los primeros meses de este 2009. Las consecuencias de la crisis internacional, que en los últimos días pareciera haberse profundizado, se reflejaban internamente en la caída de demanda por expectativas y la consecuente retracción de los planes de producción de las grandes empresas, sobre todo de las más vinculadas a redes transnacionales. Los pronósticos más severos de desempleo habían anticipado una explosión de despidos para octubre pasado, luego el impacto se anunció para diciembre, ahora se habla de marzo de este año. En forma atenuada, la pérdida de empleos va constituyéndose paulatinamente en un problema concreto pero aún no masificado ni tan inmediato. Todavía está por verse cómo se resolverán determinadas pulseadas con sectores amenazantes –automotor, siderometalúrgico, construcción–, sobre los que se han lanzado planes oficiales de incentivo a la demanda privada o de obra pública para reanimar la actividad. El Gobierno decidió apostar fuerte a estas formas de intervención contracíclica como respuesta a la crisis importada.
Pero cuando toda la artillería parecía ya instalada apuntando al lugar por donde podía entrar el enemigo, la economía recibió el mazazo por otro lado. En pocas semanas, la sequía se instaló como la principal amenaza a una economía que parecía ir zafando de las peores consecuencias de la crisis global. La falta de lluvias durante la etapa de desarrollo de los cultivos de la cosecha fina había impactado en el área sembrada y en los rendimientos de granos como el trigo, que se terminó de levantar entre diciembre y principios de enero. Pero el impacto fue peor que el inicialmente calculado. La producción de esta campaña, según la estimación oficial, apenas alcanzará a 8,3 millones de toneladas, prácticamente la mitad de las 16,3 millones recogidas en el año anterior (2007/08). Otros cálculos la ubican en un rango inferior. No faltará grano para el consumo interno de harina y fideos, pero apenas quedará saldo exportable. Sería, de este modo, una de las peores cosechas en veinte años.
A mediados de febrero arranca la cosecha de maíz, y un mes más tarde la de soja. Los dos cultivos de verano vienen golpeados: por la falta de humedad en el período crítico de floración del maíz, entre diciembre y enero, y por el retraso que provocó en la implantación de la soja. Con un ciclo más corto de maduración y mayor resistencia al “stress hídrico”, la soja estaría en condiciones de superar en mejores condiciones la ausencia de agua sufrida hasta ahora pero, si no recibiera un aporte de lluvias en las próximas semanas el impacto se sentirá en los rendimientos. Las 16,5 millones de hectáreas sembradas no alcanzarían a producir los 48 millones de toneladas obtenidos en las dos campañas anteriores –con un rinde de casi 30 quintales por hectárea–. En algunas explotaciones de la Pampa Húmeda, en el norte de Buenos Aires, este año los rindes no pasarían de los 15 quintales.
Pero no sólo es un problema de oferta, y en consecuencia de saldos exportables. Lo más preocupante es el impacto socioeconómico sobre una franja demasiado amplia de productores. A diferencia del año pasado, esta vez la discusión no es sobre la renta excedente por precios internacionales extraordinariamente altos. Ahora, esos valores topes ya no existen y lo que estará en discusión es la posibilidad de muchos productores medianos de poder volver a sembrar después de esta campaña.
Después de lo acontecido durante el año pasado, todo puede sonar exagerado o sospechoso, si de rentabilidad agraria se trata. Pero los datos concretos de esta campaña es que la zona núcleo maicera de la Pampa Húmeda, el oeste de Buenos Aires y el centro norte de Santa Fe han visto seriamente afectados sus rendimientos. Entre Ríos perdió más de las dos terceras partes de la siembra por la sequía; La Pampa, Corrientes, Formosa, Chaco y Santiago del Estero también han sido fuertemente afectadas. 71 partidos bonaerenses han sido declarados en emergencia o zona de desastre; por ahora, sólo algunos partidos del oeste (General Villegas, Trenque Lauquen, Rivadavia) permanecen en situación relativamente más favorable, aunque si la falta de lluvias se extiende por un mes más, también quedarían entrampados en los efectos más severos de la sequía.
En Casa Rosada se aguardaba el regreso de la Presidenta, Cristina Fernández, y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, de la gira por Cuba y Venezuela para tomar definiciones en materia de medidas compensatorias (ver aparte), que ya no son sólo reclamadas por las entidades agropecuarias sino por los propios gobernadores alineados con el Ejecutivo nacional. Sergio Urribarri, de Entre Ríos, y Daniel Scioli, de Buenos Aires, se han puesto al frente de los reclamos de sus productores y no precisamente por oportunismo, sino por extrema necesidad.
Hace poco más de un año, pocos pensaban en que una crisis económica mundial podría ser el tema dominante poco tiempo después. Pese a que había más de un elemento válido para interpretar que Estados Unidos, y la política del gobierno de George W. Bush, orientaban el barco de la economía globalizada derechito hacia el iceberg. Esos pocos que sí pensaban en una crisis mundial en perspectiva eran los que interpretaban correctamente esa información.
Hace no más de seis meses, pocos en Argentina imaginaban que Gobierno y sector rural podrían estar discutiendo, poco tiempo después, cómo salvar de la debacle a amplias franjas de productores sin rentabilidad y ganaderos con pérdidas masivas de cabezas y sin disponibilidad de forraje. Pocos lo imaginaron, aunque las perspectivas agroclimáticas ya anticipaban el riesgo de una temporada con escasez de lluvias por efecto de La Niña en buena parte de Sudamérica.
Si los pronósticos se cumplen, febrero puede traer cierto alivio en materia de lluvias, aunque insuficiente para revertir los daños ya producidos. Marzo y abril también podrían ser meses apacibles, pero los expertos indican que hacia mayo volverá la escasez hídrica, que se prolongará durante varios meses.
Nadie puede exigirle al Gobierno que maneje las lluvias, pero sí una política de uso racional de los recursos hídricos. Esto significará establecer mecanismos y regulaciones que afectarán el manejo indiscriminado que pudieran hacer los grandes productores con el agua y el suelo. Superada la actual instancia, salvando la emergencia de la producción, habrá que encarar esta discusión de fondo.
Argentina ya no es ajena a los problemas de escasez de recursos naturales que afecta a otras regiones. Aun en la abundancia –de tierras fértiles, de recursos hídricos–, el uso racional de los recursos se impone como regla. Y el mejor regulador es el Estado, no el mercado. Es una condición contra la cual, en la práctica, la dirigencia agropecuaria nacional –desde CRA a Federación Agraria– sigue luchando. Por miopía o por intereses creados, según el caso.