Consultadas varias personas acerca de cuál consideraban el mayor saqueador de los mares, respondieron que orcas y tiburones. Muy pocos contestaron que el responsable del colapso de las principales especies comerciales marinas es el hombre. El desconocimiento de que el mar y sus especies forman parte del patrimonio natural de los argentinos muestra el aspecto más grave de la cuestión. Ya sea por pescar más de lo que el ambiente puede sostener (violación sistemática de los cupos), por la captura de ejemplares juveniles que no han llegado a reproducirse para recuperar las poblaciones, por el no respeto a las áreas y épocas de veda, o por la captura de individuos que no son objeto especifico de pesca en un momento y lugar determinado y son devueltos muertos al mar, la situación de los principales recursos pesqueros de nuestro país es más que alarmante.
El descarte pesquero está prohibido por ley y la aplicación de dispositivos de pesca selectiva que eviten la captura incidental y tamaños no deseados es obligatoria. Sin embargo, todos los días se tira por la borda ente un 20 y un 30% de lo pescado, que podría alimentar a millones de compatriotas. ¿En esta Argentina al margen de la ley, no debe extrañarnos que no se cumpla lo dispuesto en las normas. Además de la Constitución Nacional, la ley general del ambiente o el Régimen Federal de Pesca (ley 2.022), se incumplen acuerdos internacionales suscriptos por nuestro país -cosa que parece no importarle al Gobierno-, como la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece los derechos y obligaciones de los estados respecto a la utilización y conservación de los océanos y sus recursos, la convención sobre Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (los peces son también animales), el Convenio sobre Diversidad Biológica, o el acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación de Buques Pesqueros en Alta Mar.
Es importante aprender de los errores y no olvidar tiempos no lejanos cuando también se violaron sistemáticamente leyes y convenios. El tratado de pesca entre nuestro país y la Unión Europea firmado por Felipe Solá en 1994, cuando subsidios espurios, la triangulación de permisos, la pesca ilegal de especies no autorizadas, la superación sistemática del máximo de los cupos permitidos y toda clase de tropelías provocaron la devastación de los recursos pesqueros nacionales.
La merluza común, columna vertebral de la pesca en la Argentina, es un ejemplo: representa el 60% de los puestos de trabajo "en blanco" del sector -unos 12.000 trabajadores- y el 40% de las exportaciones pesqueras -que en algunos años superaron los 1.000 millones de dólares-, y son de alrededor del 5% de las exportaciones totales del país. Sin embargo, el mal manejo ha causado estragos: Los reproductores adultos de merluza, han disminuido en un 70% en tan sólo 20 años. En un corto plazo esto no sólo diminuirá el volumen del recurso sino que también traerá aparejadas la pérdida de miles de puestos de trabajo y el cierre de empresas del sector.
En este contexto, la Fundación Vida Silvestre Argentina, por medio de su Programa Marino, propone la implementación de un plan de recuperación de la merluza y un plan de emergencia para consolidar todo el sector. Para ello, considera necesario asegurar la transparencia y el acceso a la información sobre la explotación de nuestros recursos pesqueros. La intervención de esta organización, muestra la necesidad y la demanda de comenzar a abrir la discusión a otros sectores de la sociedad, que hasta ahora no han tenido acceso a un diálogo franco sobre el destino de un recurso que nos pertenece a todos.
Si el Estado contribuyera mínimamente al cambio de paradigma, la crisis en que está inmersa la actividad pesquera podría convertirse en oportunidad. Para garantizarle a las generaciones venideras su derecho a gozar de un ecosistema sano y productivo, el Estado debe implementar un modelo sustentable a largo plazo, basado en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que establece principios y normas para la aplicación de prácticas responsables y se centra en la voluntad de los actores del sector (Gobierno, empresas, ONG y comunidades pesqueras), en asumir el compromiso de lograr una pesca que aumente las posibilidades de sustentabilidad biológica, económica y social.
El uso sustentable de los bienes marinos vivos contribuye a la seguridad alimentaria humana, proporciona medios de subsistencia a millones de personas y es pilar fundamental de muchas economías nacionales, especialmente de países de bajos ingresos y con déficit de alimentos.

*El autor es integrante del equipo ambiental de la Coalición Cívica