El Gobierno profundizará la ayuda directa a los productores agropecuarios afectados por la sequía, utilizando la mediación de los intendentes. Lo hará con un doble objetivo: asegurar que los jefes comunales se encarguen de certificar a quién va dirigida la ayuda y neutralizar la protesta de los dirigentes de la mesa de enlace.
Así se resolvió ayer en Olivos, donde la presidenta Cristina Kirchner mantuvo una ronda de reuniones hasta última hora de anoche con la ministra de Producción Débora Giorgi, el ministro del Interior Florencio Randazzo y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
No descarta que en los próximos días se anuncie alguna otra medida concreta para aliviar la situación que viven los productores en buena parte del país por la escasez de lluvias. Entre ellas, dictar la emergencia agropecuaria en cinco provincias. Chaco, Santiago del Estero, Chubut, Entre Ríos y San Juan.
De todos modos, la tensión con la dirigencia agropecuaria seguirá expresándose, ya que en el Gobierno consideran que se trata de una disputa política y de poder. Lo que busca el oficialismo es quebrar el frente agropecuario arreglando por abajo con los productores.
Para mostrar que el Gobierno está atento a las dificultades, Cristina trabajó ayer en doble turno. Por la noche la Presidenta recibió primero al jefe de Gabinete Sergio Massa, al ministro de Trabajo Carlos Tomada y al de Economía Carlos Fernández.
Unos minutos después, Massa anunciaba que el crecimiento del PBI el año pasado fue del 7,1 por ciento y el desempleo del 7,3 por ciento. Y que Julio Vitobello estará al frente de la Oficina Anticorrupción y Carlos Pacios será el Síndico General de la Nación.
También pasó por Olivos el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, pero no trascendió qué temas trató con la Presidenta. A última hora, Cristina mantenía una reunión con la ministra Giorgi (por segunda vez en el día), el secretario de Agricultura Carlos Cheppi y el nombrado Massa. Esta audiencia alimentó la versión de nuevas iniciativas destinadas no sólo a la sequía sino a mejorar la situación de algunos sectores del campo.
Como viene sucediendo en las últimas semanas sonó fuerte el rumor sobre la reducción de las retenciones a la soja y la suspensión del derecho de exportación al maíz y del girasol en lugares donde la sequía más se hizo sentir.
Sin embargo, según los funcionarios consultados por Clarín es improbable que la Presidenta declare la emergencia agropecuaria en todo el país, como reclama los dirigentes de la Mesa de Enlace de las cuatro entidades agropecuarias. Por el contrario, la idea oficial es que sean los gobernadores de las provincias afectadas los que se ocupen de declarar la emergencia agropecuaria.
No obstante las graves consecuencias que está produciendo la sequía, en el Gobierno estiman que semejante tragedia puede ser también una oportunidad para mostrar que la administración kirchenerista se está ocupando de resolver los problemas salteando la intermediación de las entidades y los gobernadores de la oposición.
Es lo que el Gobierno intenta hacer con la ayuda para alimentar el ganado con forraje, iniciativa que está llevando adelante el secretario de Comercio Guillermo Moreno. El funcionario envió en algunos casos forraje a productores y en otros, con el respaldo logístico del ministro Randazzo, el alimento para el ganado es repartido por intendentes del PJ y aliados.
La dificultad que encuentra el Gobierno y que demora el reparto de forraje es la altísima informalidad que hay en el campo, donde muchos productores trabajan en negro. Esta realidad compromete la pretensión de registrar a quién en efecto le llega la alimentación para el ganado.