Existe un complejo sistema destinado a impedir la publicación de hallazgos adversos. Gigantescas empresas imponen el tipo de ciencia e investigación científica que se debe hacer. Dominan, por medio de subsidios, departamentos enteros de las universidades”. La frase pertenece al investigador y director del Instituto de Terapia Neural y Medicina Integral, Jorge Kaczewer.
Bien resume, la absoluta funcionalidad de la Universidad Nacional de Misiones para con dos de los grupos de poder que más dañan sanitaria y socialmente a la población misionera: la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la transnacional chilena Alto Paraná S.A. (APSA).
EBY y APSA tienen comprado el silencio cómplice de los especialistas universitarios desde hace muchos años. El método es directo: contratan los “servicios” de determinados departamentos de las facultades a cambio de suculentos honorarios que garantizan además, que el resultado sea funcional al cliente. Principalmente es a través de la solicitud de estudios en materia de impacto ambiental cómo ambos grupos obtienen el guiño obediente de la Unam. Estos “informes científicos” no sólo jamás se hacen públicos sino que garantizan a los patrones (EBY y APSA) la obtención de resultados hechos a su medida.
¿Es posible que a pesar de los incontables informes de organizaciones ambientalistas y medios de prensa foráneos acerca de los tremendos impactos sanitarios de las plantas de celulosa de Puerto Esperanza y el megaserradero de Piray la Unam no haya aportado un solo dato crítico al respecto en años?
¿Puede tolerarse que mientras el país entero advierte sobre los daños irreversibles de la represa Yacyretá, desde la universidad misionera no se haya dado a conocer nunca un informe serio y accesible al respecto?
“La universidad no es un ámbito de denuncia” decreta Andrés Linares, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Unam, un claustro que según publica en su página web, recibe más de 600 mil pesos anuales en regalías de EBY y APSA (información suministrada por la Dirección de Finanzas de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales).
Hace pocos meses, el jefe de Laboratorio de Agua de la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado, Hugo Alberto Morza, afirmó que existen informes de análisis de cursos de agua cercanos a chacras donde realizan operaciones forestales la empresa Alto Paraná Sociedad Anónima (Apsa), que revelaron que la empresa no contamina. Casualmente, otro profesional que luego fue removido de esa universidad había denunciado públicamente lo que todo el mundo sabe: que los desechos tóxicos de APSA están aniquilando el río, los arroyos y cuantas napas existan en la zona. Sin mencionar la fuerte contaminación que se registra en el aire de Esperanza, Wanda, Libertad y zonas aledañas, dónde los centros de atención primaria y los hospitales se colapsan de pacientes con problemas respiratorios a causa de los deshechos que emana la planta, los mismos que hacen irrespirable el aire de la zona cuando hay viento.
Volviendo a Morza, las muestras analizadas fueron tomadas de los cursos dentro del área de acción de Alto Paraná o de algunos de sus proveedores. "No se registró ningún tipo de contaminación ni de los productos de aplicación, comúnmente llamados agroquímicos, ni la presencia de metales pesados que pueden interpretarse como contaminación", aseguró el académico. Enseguida se aclara el porqué de tan positivo resultado: "Nosotros desconocemos el origen de la muestra, porque ingresa al laboratorio con un código que nos impide saber de dónde viene esa muestra. Es cierto que corresponde al área de acción de Alto Paraná Sociedad Anónima". Pareciera ser que al decano de Forestales no le resulta irregular que sea la propia empresa sospechada de contaminación la que lleve las muestras a ser analizadas. Es cómo si a un acusado de asesinato se le permita aportar a su criterio para el estudio forense el arma con el cuál supuestamente se cometió el crimen.
Los estudios de agua y locación de vectores realizados por Facultad de Ciencias Exactas son el argumento que hoy utiliza la EBY para sostener que la represa de Yacyretá nada tiene que ver con enfermedades que la propia Organización Mundial de la Salud atribuye a la proliferación de vectores provocados por el lógico estancamiento de aguas generado por la represa.
Así las cosas, la universidad pública de Misiones se apresta de rodillas a poner sus saberes al servicio de conformar la plataforma científica que servirá para avalar la construcción de dos represas más en nuestra provincia: Garabí y Corpus. También, la Unam aporta toda su estructura para seguir consolidando el modelo que Alto Paraná impuso en el norte misionero, dónde la apropiación de enormes extensiones de tierra, el desmonte, la proliferación de enfermedades sobre las poblaciones, los sistemas laborales esclavistas y la expansión del monocultivo, son el castigo diario de miles de inocentes que sin saberlo sustentan a sus propios enemigos. Mientras, muchos todavía se acuerdan de cuando la universidad era además de un espacio para el aprendizaje, un lugar dónde la ética era sagrada.