La decisión de entregar 15.000 toneladas de maíz a algunos ganaderos del sur bonaerense, afectados por la sequía, sin la intervención de los organismos del Estado competentes en la materia ni evaluación técnica, volvió a colocar al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en el centro de la polémica.
El cuestionado secretario ni la secretaría a su cargo han aclarado, además, con qué partidas presupuestarias se pagará la adquisición ni cuándo el Estado podrá abonarles a los exportadores que enviaron los granos, por lo que la medida quedó rodeado por la controversia, la arbitrariedad, el misterio y la sospecha de irregularidades.
Desde la Jefatura de Gabinete negaron anoche que se haya aprobado un redireccionamiento del presupuesto para que se pudiera asistir de manera directa a productores afectados.
En un encuentro lleno de particularidades, que La nacion logró reconstruir, la polémica ayuda fue gestionada ante Moreno por los ganaderos Juan Manuel Garciarena y Analía Quiroga, quienes sorpresivamente se acercaron al Gobierno. Garciarena fue el año pasado uno de los referentes de la protesta agraria contra las retenciones en el partido de Puan y Quiroga se hizo conocida hace dos años cuando declaró que Néstor Kirchner carecía de "materia gris" por haber prohibido exportar carne.
Ellos lograron la asistencia directa para algunos productores, elegidos por un criterio de selección que se desconoce, sin la intervención de los organismos que tienen competencia en el tema, como el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires o la Secretaría de Agricultura de la Nación. El dato fue confirmado por el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Jorge Srodek.
Después de haber recibido el pedido de los ganaderos, el propio Moreno se comunicó con el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y les transmitió el reclamo. Según una fuente cercana a las compañías cerealeras, que pidió el anonimato, el funcionario les advirtió que si no cumplían con el pedido no "iban a exportar un sólo grano".
Hasta ahora, se entregaron unas 6000 toneladas del total solicitado, pero la misma fuente dijo que hasta que el Gobierno no cumpla con el pago de la mercadería ya despachada no se enviarán más camiones con maíz.
Los pequeños ganaderos que hasta ahora recibieron la ayuda son unos 270 y, según estimó el presidente de Carbap, Pedro Apaolaza, hay unos 40.000 productores sólo en Buenos Aires y La Pampa que están en condiciones similares.
La operación, que tendrá un costo cercano a los seis millones de pesos, provocó el rechazo de los dirigentes de la Comisión de Enlace. Ayer, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Luis Biolcati, se preguntó: "¿Qué es eso de ir repartiendo maíz por las provincias como si fueran los electrodomésticos que se regalan en el Gran Buenos Aires?"
En paralelo con esto, ayer la primera línea del Gobierno seguía ultimando los detalles de un plan para el campo que, según una alta fuente oficial, no incluiría retoques a las retenciones a las exportaciones. "Las medidas van a estar orientadas a ofrecer respuesta a los problemas que generó la sequía en el campo", dijo a LA NACION un ministro del Gobierno.

La trama
El polémico operativo de ayuda comenzó cuando Moreno recibió en su despacho a Quiroga y a Garciarena, dos ganaderos de los partidos de Pellegrini y Puan, respectivamente, que le pidieron al funcionario alimento para las vacas.
Inmediatamente, Moreno llamó por teléfono al CEC. "Necesito 15.000 toneladas de maíz para esta gente, y espero una respuesta para las 18, si no no exportan un grano", dicen que dijo Moreno en esa conversación, brevísima. A partir de allí, la negociación fue directa entre Garciarena y los exportadores. "Vengan a buscar el maíz a los puertos", le dijo un representante de la exportación al ganadero, dueño de la cabaña Santa Paula, de Villa Iris, localidad del partido de Puan. "No, a nosotros nos llevan el maíz a Villa Iris, si no lo llamo de nuevo a Moreno", respondió Garciarena.
El 10 de enero, los exportadores hicieron un primer envío de 6000 toneladas a una planta de acopio que perteneció a la extinta Junta Nacional de Granos. Allí, Garciarena -bajo la atenta mirada de funcionarios de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que fueron enviados para "controlar la transparencia de la distribución"- coordinó el reparto del grano.
Según fuentes del agro y algunas del propio gobierno, Néstor Kirchner buscaría potenciar la figura de Quiroga, alejada de Carbap. En junio pasado, en pleno conflicto por las retenciones móviles,Quiroga estuvo durante tres horas con la presidenta Cristina Kirchner, a quien le dejó una propuesta para resolver la crisis del sector. Ante la consulta de LA NACION, la productora se defendió: "No soy kirchnerista, pero la confrontación tampoco nos solucionó nada. Mi reunión con Moreno fue un acto solidario".
Al tomar estado público, la distribución de maíz que comenzó en Villa Iris se frenó. La semana pasada, los exportadores enviaron a Comercio Interior la factura por el primer envío de 6000 toneladas y cerca de ellos sugieren que hasta que no sepan cómo se pagará, no despacharán el resto. De todas formas, unos 200 camiones ya recorrieron los 1000 kilómetros entre los puertos del Gran Rosario y el sur bonaerense.
Según una fuente confiable, no se firmó ningún contrato y se desconoce si Comercio Interior dispone de las atribuciones y las partidas presupuestarias para este tipo de adquisiciones. En una suerte de autoimpuesto, cada empresa socia del CEC aportó una cantidad de maíz proporcional a su participación en las exportaciones de ese cereal durante 2008.
Sin éxito, LA NACION intentó en dos oportunidades conocer la versión que Moreno tiene de los hechos. Tampoco logró una respuesta de la Secretaría de Agricultura.

Informe de Daniel Gallo, José Crettaz, Lucas Colonna y Cristian Mira