La presidenta Cristina Kirchner firmó ayer el decreto que declara la emergencia agropecuaria nacional para las provincias y territorios afectados por la sequía, y que implica la prórroga por un año del pago de los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y a los bienes personales. Al beneficio podrán acogerse los productores que perjudicados por el fenómeno climatológico. Hasta ayer hubo diferencias internas en el Gobierno sobre qué hacer frente a la que es la peor sequía de los últimos 47 años. El bonaerense Daniel Scioli intentó decretar la Emergencia y tuvo que dar marcha atrás hace 20 días y hasta un funcionario clave como Guillermo Moreno se cortó solo repartiendo ayudas.
En un segundo decreto también destinado al sector agropecuario, la Presidenta dispuso que pase a ser "gratuita y automática" la Carta de Porte, el documento que autoriza el transporte de cereales por las rutas del país. Los aranceles y comisiones que se pagaban por estos permisos insumían unos $200 millones anuales, precisó. La medida le quita un beneficio a la Federación Agraria que se financiaba con la comercialización de este instrumento.
La Presidenta anunció ambas medidas --contenidas en los decretos 33 y 34-- al hablar por la tarde en un acto en el salón de convenciones de Olivos, que en rigor fue convocado para la firma de un convenio con los gobernadores de Córdoba, Chubut y Buenos Aires, para la construcción de más de 52 mil nuevas viviendas, con fondos de la ANSES.
La declaración de la emergencia nacional agropecuaria era uno de los principales reclamos de las entidades ruralistas en las últimas semanas, a medida que avanzaba el drama de la sequía, junto a la nunca abandonada pelea por la baja en las retenciones a las exportaciones de granos.
Cristina se esmeró en aclarar que no se trató de una concesión sino de una medida impuesta por la necesidad, al presentarlo como "un esfuerzo muy grande de toda la sociedad argentina" a favor de los afectados por la sequía. Sin mencionar el extenso conflicto del Gobierno con el campo, pidió "patriotismo" y recalcó que el resto de los sectores económicos "seguirá tributando de la misma manera".El jefe de Gabinete estimó que el diferimiento del pago de impuestos tendría un costo fiscal de entre 4 y 5 mil millones de pesos.
Al término del acto, los encargados de dar detalles en una conferencia de prensa fueron la ministra de la Producción, Débora Giorgi; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi. A tono con la política de "para la soja, nada", en la cual coinciden Cristina y Néstor Kirchner, Giorgi descartó de plano que se vayan a rebajar las retenciones.
Los funcionarios explicaron que la emergencia se declaró en el marco de la ley 22.913, y que abarcará a aquellos distritos o partidos de las provincias que hayan declarado previamente la emergencia provincial (más del 50% de la parcela comprometida). Esto implica que esos productores también tendrán prórrogas (o exenciones en caso de declaración de "desastre", como se define cuando la explotación rural se afecta más del 80%) en el pago de las obligaciones provinciales.
Cheppi aclaró que la aplicación de la emergencia "no va a ser automática" y que en los plazos que fija la ley "nos vamos a tomar tiempo para analizar los casos".
La AFIP y la ONCCA --la oficina de control agropecuario--harán los controles. Echegaray dijo que quieren ver qué productores tienen contratados seguros contra la sequía y cuáles tienen infraestructuras de riego, lo que los dejaría fuera del beneficio.
El Gobierno negó "demoras" en decretar la emergencia. Según aseguraron, la medida se vino trabajando desde hace dos meses y señalaron que la presión del campo en este tiempo fue "política". Ahora, dicen contar con el "mapa meteorológico" que la certifica.
También se enfatizó que serán estrictos con los controles. Creen que muchos entre los más de 97 mil productores, y no solo los grandes sino también los medianos y chicos, cuentan con seguros y medios de riego y no les corresponden los beneficios.
Convocada por Agricultura, hoy se reunirá la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, donde están citadas las provincias que ya declararon la emergencia en algunos de sus distritos: Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Chubut, San Juan y Buenos Aires, entre otras.

Impacto
Emergencia agropecuaria. La ley indica que alcanza a los que tengan daños que superen el 50% de su producción. Esta vez, la prórroga al pago del impuesto a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y a los bienes personales será por un año. Para aplicarla debe existir la declaración previa del gobierno provincial.
Desastre agropecuario. Se aplica cuando los daños alcanzan al 80% de la cosecha. En este caso hay un perdón impositivo y prórroga para el pago de deudas.