Después de tres semanas de evaluación y fuertes discusiones, el Gobierno decretó la emergencia agropecuaria por seis meses, que incluirá, entre otros beneficios, la prórroga por un año en el pago de impuestos para los productores afectados por la sequía.
La medida fue anunciada ayer por la presidenta Cristina Kirchner, en un nuevo acto en la quinta de Olivos que buscó generar alto impacto.
Con la declaración de emergencia, la Casa Rosada abrió el camino para que los gobiernos provinciales lleven sus reclamos a Balcarce 50. Aunque no se dieron precisiones, la aplicación de la medida demorará un largo tiempo. Según dijo un alto funcionario a LA NACION, el Gobierno tiene previsto acrecentar los controles para hacer que los beneficios sean lo más reducidos posible.
Cristina Kirchner firmó ayer el decreto número 33 mediante el cual establece diferir el pago de tres impuestos: ganancias, ganancia mínima presunta y bienes personales. Los productores que acrediten una pérdida de por lo menos el 50 por ciento de su cosecha por la sequía sólo deberán abonar esos tributos correspondientes a este año el 1° de febrero de 2010.
"Esto es un gran esfuerzo que hacen todos los argentinos porque no hay ningún otro sector de la actividad económica que tenga este tipo de beneficios", resaltó la Presidenta, ayer por la tarde, durante la presentación de un nuevo plan de viviendas para las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chubut, que será financiado por la Anses.
La jefa del Estado dejó así en claro que su gobierno no cederá con facilidad a los reclamos del campo. "Si a los hoteleros les va mal porque hay mal clima y los turistas no vienen, o hay mala actividad económica para un dueño de restaurante, o un comerciante o el empresario de la construcción, no hay ninguna ley que le diga que no pague impuestos por todo este año y se lo diferimos para el año que viene", agregó Cristina Kirchner.
Además de la declaración de emergencia por sequía, la Presidenta intentó enviar otro guiño al agro con la eliminación del pago por la carta de porte, el formulario que deben llenar los productores para transportar sus granos. Con el decreto 34, el sistema pasa a ser gratuito y representará, según dijo la Presidenta, un ahorro para el sector agropecuario de 200 millones de pesos. Lo cierto es que, no obstante, esa medida nunca había sido un reclamo del campo.
Detrás de esta decisión presidencial, existe un destinatario con nombre y apellido: la Federación Agraria Argentina, que dirige Eduardo Buzzi, entidad que tenía el manejo, como en una suerte de intermediario, de dichos documentos.

Las provincias
A partir de la declaración de la emergencia, el Gobierno abre la puerta a las provincias para que puedan hacer sus reclamos. Pero la ayuda a los productores también dependerá de los gobernadores e intendentes. Según se informó en una conferencia de prensa posterior al anuncio presidencial, para que se haga efectiva la emergencia por sequía, los gobernadores también deberán declararla en sus distritos, lo que implicará, para ellos, realizar también prórrogas impositivas, como, por ejemplo, del impuesto inmobiliario rural. "Los gobiernos provinciales deben hacer beneficios similares. Esa declaración refleja el camino que deben tomar", dijo la ministra de Producción, Débora Giorgi, ante la consulta de LA NACION. Además, la funcionaria negó de manera tajante que se analizara una rebaja en las retenciones a la soja, tal como viene reclamando el agro. "No se trabaja en ningún aspecto la reducción de retenciones", declaró.
La Casa Rosada ha venido trabajando con extremo detenimiento el problema de la sequía desde hace tres semanas. Después de un relevamiento minucioso, estableció que se decretaría la emergencia con un fin claro: no son tantos los productores afectados, según razonaban anoche altos funcionarios en Olivos.
Sucede que los beneficios fiscales serán aplicados sólo para los que no hubieran contratado previamente un seguro por sequía y que no tuvieran la infraestructura suficiente, tal como sistemas de riego, para paliar los efectos de la falta de lluvias. Con ese panorama claro, la Presidenta tomó la decisión después de sucesivas reuniones con el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi; el director de la AFIP, Ricardo Echegaray, y profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Meteorológico Nacional.
"Siempre en la Argentina fue un Festilindo la declaración de emergencia", planteó fuera de micrófono un funcionario que trabajó en las medidas. Se refería así a que la Casa Rosada será implacable en el control de las pérdidas que deban acreditar los productores. Es más: Echegaray, en conferencia, se negó a establecer con un número el impacto fiscal que tendrá la medida. Otros ministros adelantaron que podría ser cercano a los 4500 millones de pesos.

¿Y donde está Hugo Moyano?
Ya había comenzado a hablar, y la presidenta Cristina Kirchner se dedicaba a saludar desde el atril a las autoridades presentes. En el recorrido, saludó a los gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli; de Chubut, Mario Das Neves, y de Córdoba, Juan Schiaretti. Siguió por los ministros y continuó con los empresarios. "También el secretario general de la CGT, que estaba por acá, pero ahora no lo veo", dijo la jefa del Estado. Era cierto. Hugo Moyano no estaba en el enorme quincho de la quinta de Olivos, repleto de intendentes. Todas las miradas apuntaron al ex presidente Néstor Kirchner, que aprovecha y convoca a los invitados de su esposa a sus oficinas en la quinta.