No habrá que confundir la retórica con el pragmatismo y pensar en un giro copernicano de la política confrontativa de los Kirchner con el campo. Nada de esto. Los anuncios de emergencia agropecuaria que ayer hizo la presidenta Cristina Kirchner se lanzaron bajo una fuerte presión de gobernadores e intendentes del PJ, acorralados por la sequía histórica que acecha a gran parte del país. Y cada una de las medidas fueron pensadas para mantener un cuidado equilibrio de poder interno en el Gobierno.
Está claro que, ante la asfixiante sequía que sufren miles de productores, la prórroga impositiva y la gratuidad de las cartas de porte llevarán cierto alivio al campo. Habrá disposición al diálogo, que está quebrantado desde la fallida resolución 125. Pero el momento elegido y la dimensión de las medidas muestran más pragmatismo que políticas de Estado de fondo.
La Presidenta dio estas medidas un día antes de la reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria que estaba pautada para hoy con la Mesa de Enlace del campo. Allí se preveían fuertes críticas de la dirigencia del agro a la Casa Rosada por la falta de respuestas.
La declaración de emergencia agropecuaria era un pedido a viva voz de los gobernadores más kirchneristas, como Daniel Scioli y Sergio Urribarri (Entre Ríos). El reclamo también venía de más adentro del Gobierno. La ministra de Producción, Débora Giorgi, junto con el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, y el titular de la AFIP, Carlos Echegaray, deslizaron en los últimos días a la Presidenta que la situación en el interior se hacía insostenible. El jefe de los recaudadores había evaluado que los 4000 millones de pesos que el Estado tenía previsto recaudar este año en impuestos de los productores serían "incobrables" en esta situación de sequía.
A la vez, varios gobernadores e intendentes del PJ habían aconsejado a la Presidenta sobre el daño electoral que traería una mayor tensión con el campo. Se habló de un escenario de nuevos cortes de rutas que unifiquen a la oposición más rápido de lo previsto.
La decisión de liberar del pago de los aranceles las cartas de porte representará un duro golpe para el mayor enemigo del Gobierno que es Eduardo Buzzi y la Federación Agraria Argentina (FAA), que conduce. Esta es la única entidad del campo que maneja una parte de las comisiones por las cartas de porte. El Estado perderá unos $ 200 millones, pero el golpe de efecto en la FAA será profundo.
La Presidenta no habló ayer de bajar las retenciones al campo o de abrir las exportaciones de carne y trigo, que son las mayores preocupaciones que tienen los productores. Las medidas no le impedirán al polémico secretario de Comercio Guillermo Moreno seguir repartiendo maíz y cheques a los chacareros e intendentes amigos. Por el contrario, con el nuevo régimen de emergencia, muchos productores deberán blanquear su producción y la ayuda extra del Estado será mejor direccionada.
Como se ve, el pragmatismo kirchnerista imperó nuevamente, superó los escollos y eludió la retórica que se mantiene en pie.