Un total de 683 productores sanjuaninos que sufrieron pérdidas entre el 50 y 80% de sus plantaciones a causa de accidentes climáticos son los que tendrán la posibilidad de beneficiarse con la medida anunciada ayer por la presidenta y que prevé la prórroga por un año en el pago de los impuestos a las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales.
El Ministro de Producción, Raúl Benítez, confirmó ayer tarde que a esos casos se los incluirá en la solicitud que deben hacer las provincias ante la Nación para obtener la prórroga de impuestos nacionales.
Se trata de viñateros y chacareros de 7 departamentos -Sarmiento, Caucete, 25 de mayo, 9 de Julio, Angaco, Zonda y Jáchal- cuyas plantaciones resultaron dañadas por mangas de piedras y granizo entre noviembre de 2008 y lo que va de enero. En todos ellos las pérdidas reportadas son graves ya que superaron el 50% de daños.
Precisamente esos casos son los que hoy expondrá el Secretario de Agricultura provincial, Roberto Roncchietto, en la mesa de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria. La provincia fue incluida entre las primeras del país en recibir ayuda económica por los daños provocados por el clima en las plantaciones junto con Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y Chubut. Esas otras cuatro provincias tienen daños en cultivos ocasionados por la sequía, en tanto que San Juan padeció pérdidas por las lluvias y granizos. "Actuamos rápido, presentamos en la oficina de emergencia todos los antecedentes y solicitamos la declaración de emergencia o desastre para nuestros productores, por eso entramos entre las primeras", dijo ayer Roncchietto. Se pedirá la declaración de Desastre para 315 casos con pérdidas de más del 80% y Emergencia para 368 con más de 50% de daños en sus plantaciones.
La reunión que se realizará a las 15 en la secretaria de Agricultura de la Nación fue convocada la semana pasada para tratar las situaciones de emergencia y/o desastre -en el marco de la Ley Nro 22.913-, en función de las declaraciones decretadas a nivel provincial. La Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria no otorga subsidios, pero sí puede otorgar beneficios crediticios e impositivos, es decir, solicitar prórrogas en los bancos para pagar los créditos tomados por los productores con anterioridad, otorgar nuevos préstamos y también establecer exenciones impositivas totales o parciales, además de suspender juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados por los contribuyentes.
De todos modos, ayer, al decretarse la emergencia agropecuaria en todo el país la presidenta ya allanó un camino al establecer la prórroga por un año del pago de impuesto a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y a los bienes personales, a partir del 1 de enero de 2010.
Según las primeras informaciones, las provincias tendrán que solicitar ese beneficio para sus productores. Y San Juan tendrá la chance de hacerlo hoy mismo ya que es de las primeras en participar en la reunión de la Comisión de Emergencia que preside el titular de Agricultura, Carlos Cheppi. "Por supuesto que vamos a hacerlo, vamos a pedir el beneficio para esos casos", dijo ayer Benítez.

Cartas de Porte serán gratuitas
Además de declarar la emergencia por la sequía, la presidenta también estampó su firma en el decreto 34 que establece la gratuidad de las Cartas de Porte, un documento utilizado para el traslado de los granos por transporte automotor de carga de chacra a acopio y de acopio a fábrica, puerto u otros destinos.
El anuncio presidencial fue posteriormente ampliado en una conferencia de prensa de la ministra de la Producción, Débora Giorgi, el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, y los titulares de la AFIP, Ricardo Echegaray, y de la ONCCA, Juan Carlos Eyras.
Con la medida, los productores de cereales, oleaginosas y subproductos dejarán de pagar un monto de 7 millones de pesos anuales, aunque la ONCCA aseguró en un comunicado que el ahorro llegará a los 200 millones de pesos.
El precio de la Carta de Porte está integrado por aranceles que percibe el Estado y comisiones que cobran entidades intermedias, como la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales y la Federación Agraria Argentina (FAA).
Precisamente, el presidente de esta última entidad, Eduardo Buzzi, consideró que con la medida se pretende "castigar" a la Federación, aunque sostuvo que los cerca de 2 millones de pesos anuales que dejará de percibir no afectará su desempeño habitual.
Buzzi también dijo que el anuncio es "una burla a los productores" ya que no se puede compensar pérdidas que evaluó entre "cuatro o cinco mil millones de dólares", con un beneficio que equivale a menos de la milésima parte de esas sumas.
El dirigente agropecuario aseguró que "en realidad, lo que intentan con esta decisión es sancionar y perseguir a la Federación Agraria por haber enfrentado el modelo de concentración económica del gobierno".
Buzzi sostuvo que la jefa de Estado "apenas si cumplió su deber al declarar la emergencia, dando cuenta de una ley que está vigente hace varios años. Y ya varios gobiernos provinciales vienen trabajando en este tema".
Echegaray destacó que el decreto 34 representa "un cambio de filosofía en materia de control de comercialización" y destacó al respecto cuatro ejes: la informatización de todo el proceso, la simplificación del trámite, la reducción de costos a cero y el control por trazabilidad.
Posteriormente, la ONCCA especificó que "ahora el trámite podrá realizarse por Internet", mediante un procedimiento que "dura pocos minutos".
La AFIP emitirá un Código de Trazabilidad de Granos (CTG) para evitar el movimiento en negro.
En el CTG constarán los datos de la carga, del transporte y del destino. Así se evitará el movimiento de granos en negro o no declarado y al productor le permite confirmar que su mercadería llegó a destino.