Finalmente, la presidenta Cristina Fernández declaró ayer el estado de emergencia agropecuaria nacional lo que, dijo, aliviará la situación de los productores afectados por la peor sequía en décadas.
Durante un acto en la quinta de Olivos convocado para anunciar obras públicas, ayer por la tarde, la Presidenta resaltó que acababa de firmar el decreto 33/09, que declaraba en emergencia por un año a los distritos que sufren la sequía, informados oportunamente por al menos una quincena de provincias, tal como anticipó El Cronista el 16 de enero.
La declaración de emergencia a nivel nacional, que sigue según la ley a los decretos de emergencia provincial, difiere el pago del impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta, además de otorgar una serie de créditos blandos de bancos públicos a las zonas damnificadas y suspender las ejecuciones.
“Desde el 1º de enero de 2010 (quiso decir 2009), los productores no pagarán estos impuestos, en lo que representa un esfuerzo de todos los argentinos; porque no hay otro sector que tenga este beneficio”, puntualizó Cristina. A cambio, pidió un “esfuerzo patriótico” al agro, que amenaza con volver a protestar a comienzos de febrero.
La Presidenta afirmó, además, que las cartas de porte necesarias para transportar y exportar serán ahora gratuitas.
El secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, aclaró –en conferencia de prensa desde Olivos– que la declaración y sus beneficios no serán automáticos, sino que deberán seguir al pie de la letra la disposición de la Ley de Emergencia. “Vamos a ser muy rigurosos. Nos tomaremos todo el tiempo que haga falta para que los verdaderamente afectados por la sequía puedan hacer usufructo de esos beneficios”, comentó el funcionario.
Antes de la declaración de emergencia, la presión desde el interior por parte de gobernadores e intendentes iba en aumento. El secretario de Producción de Entre Ríos, Roberto Schunk, que participará esta tarde de la reunión de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, había reclamado “hacer las cosas con urgencia”. Allí, el 89% de la cosecha de maíz se perdió y que las pérdidas en la ganadería y las pérdidas en el resto de la agricultura y en la ganadería superan el 50%.
Lo mismo ocurre en Buenos Aires. El ministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzó, declaró la emergencia a la zona del Gran La Plata y Brandsen, que se sumaron a otros 14 distritos en emergencia o desastre.
El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, consideró que el anuncio fue “una buena noticia”. Y calculó que los daños en su provincia causados por la sequía se sitúan entre $ 700.000 y $ 2 millones, y pidió ahora avanzar con los cinco puntos que Santa Fe le había reclamado a la Nación, entre los que se destaca la suspensión de las retenciones por 180 días.
Tras la decisión presidencial, el encuentro de hoy de la Comisión Nacional de Emergencia, que en principio iba a incluir sólo a Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Chubut y San Juan, no tendría mucho sentido. Es que, lo normal es que el decreto declarando la emergencia surja luego de que el organismo se reúna. Pero Cheppi dijo que “cobra ahora más importancia”, por lo que fue ampliada al resto de las provincias afectadas, con Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa a la cabeza. Participarán equipos técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y representantes de las provincias, que expondrán la situación registrada en cada localidad.
Luego de esta reunión, que encabezará Cheppi, el Gobierno podría avanzar con otro fuerte gesto hacia el campo: un alivio en las retenciones a las exportaciones, sin baja para la soja.