A falta de lluvia, dos anuncios. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decretó ayer la Emergencia Agropecuaria para las distintas regiones del país que se vean perjudicadas por la sequía. La medida prorroga por un año el pago del Impuesto a las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales a todos los productores afectados. Para que se haga efectiva esta medida, las provincias deberán decretar primero –como muchas ya lo han hecho– la emergencia en sus territorios. “Esta medida requiere una gran dosis de patriotismo y de responsabilidad, porque es un esfuerzo que harán todos los argentinos, ya que el Estado dejará de percibir recursos”, argumentó la Presidenta en un claro mensaje hacia las entidades agropecuarias de la Mesa de Enlace. El segundo decreto elimina los aranceles y comisiones de las cartas de portes (documento que utilizan los productores para transportar sus granos por todo el país), cuyo intermediario era hasta el momento la Federación Agraria. Según las estimaciones del Ejecutivo, el año pasado se pagaron 200 millones de pesos por estos documentos, que ahora volverán a los productores.
En un nuevo intento por acercar posiciones con los sectores agropecuarios, el gobierno nacional decretó la Emergencia Agropecuaria para todos los afectados por la sequía, cuyo número exacto todavía desconocen desde el Ejecutivo. A partir de hoy, cuando se reúna la Comisión de Emergencia que funciona dentro de la Secretaría de Agricultura, las autoridades nacionales empezarán a estimar la cantidad de productores afectados.
“La emergencia nacional la declara la Presidenta. Pero primero cada provincia debe circunscribir la situación dentro de su territorio”, explicó el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, luego del anuncio presidencial. Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Chubut, Córdoba, San Juan y Santa Fe ya decretaron la emergencia en alguna de sus regiones.
El decreto firmado por la Presidenta prorrogará el pago de los Impuestos a las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales desde el primero de febrero hasta el año que viene. “Estos impuestos se pagarán recién en 2010, junto a los gravámenes de ese año”, sostuvo Ricardo Echegaray, titular de la AFIP.
“No hay ningún otro sector del país, ni la industria hotelera, ni las fábricas, ni los comercios que, frente a una situación de pérdida, reciban beneficios de estas características”, argumentó la Presidenta, en otro claro mensaje hacia la Mesa de Enlace.
Del anuncio participaron los gobernadores Mario Das Neves (Chubut), Juan Schiaretti (Córdoba) y Daniel Scioli (Buenos Aires), tres mandatarios de las zonas más afectadas por la sequía y recurrentes de la quinta de Olivos. Además de recibir con beneplácito estas medidas, también firmaron acuerdos para la construcción de viviendas (ver aparte).
Entre las provincias beneficiadas, La Pampa será una de las primeras donde se concretará la emergencia dispuesta por la Presidenta. Desde el gobierno nacional se comunicaron, por la mañana, con el gobernador pampeano Oscar Mario Jorge (PJ) para informarle la decisión presidencial. El secretario general de la gobernación, Raúl Ortiz, señaló que “existe satisfacción en la provincia por la respuesta a un pedido concreto y por demás necesario ante la grave situación que atraviesa La Pampa”.
Otro gobernador que se mostró conforme con la decisión fue el socialista Hermes Binner. “Estábamos esperando este decreto que da facilidades para afrontar un problema que es muy serio para las economías regionales –señaló el mandatario, quien agregó–: la recuperación del sistema agropecuario llevará mucho tiempo, por más que llueva en cantidades suficientes.”
Para otro santafesino, Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria, los anuncios no cayeron bien por dos razones. La primera, porque su entidad dejará de recibir la financiación que obtenía por intermediar en las cartas de porte. Y la segunda, porque no son suficientes, según su entender. “Siguen siendo operaciones para confundir a la opinión pública. El título es que declararon la emergencia, pero es una verdad a medias, ya que del petitorio elevado la semana pasada (por la Mesa de Enlace), la Presidenta hasta ahora no respondió nada”, afirmó el ruralista.
Para el titular de la FAA, lo único que se hizo fue “reconocer legalmente” que los productores tienen problemas por sequía. “¿Pero quién le devuelve a un productor las 200 vacas que perdió?”, retrucó Buzzi. Uno de los reclamos de la Mesa de Enlace consistía en que el Estado otorgase de manera directa 200 pesos por vaca hasta las primeras 500 cabezas. De todas maneras, desde el Gobierno no descartan esta posibilidad.
Decreto en mano, la Secretaría de Agricultura empezará a analizar junto a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria las zonas afectadas por la sequía y llegar así a un número estimativo de beneficiarios de la prórroga del pago de impuestos. Del encuentro participarán funcionarios de los ministerios del Interior, Economía, así como también del Banco Nación y del Servicio Meteorológico. El decreto de la Emergencia Agropecuaria se suma al cuestionado “plan maíz”, que está instrumentando el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.