La visita dará marco para que el mandatario chaqueño participe también en la reunión de la Comisión Nacional de Emergencia que integra junto a otros gobernadores.
Los contactos por el tema de la emergencia climática son casi permanentes. Capitanich confirmó ayer a NORTE haber hablado el viernes con la presidenta y también haberle enviado un detallado correo electrónico sobre la situación en el Chaco y las medidas tomadas a nivel local.
“Hemos dispuesto 26,4 millones de pesos que se están transfiriendo a los productores afectados y también a los productores de girasol y avícolas afectados por granizo” detalló, anotando que mediante las comisiones zonales se releva ahora la situación chacra por chacra.
Capitanich anotó una importante reducción de superficies sembradas y rindes en trigo, girasol por debajo de la mitad del año pasado. También anotó un leve incremento de la superficie sembrada, también con una relativa reducción de la superficie sembrada de soja, en tanto se esperan confirmar ahora datos sobre el sorgo y el maíz. “En materia agrícola, de 1,4 millones de hectáreas que se sembraron en el 2007-2008, vamos a tener una reducción fuerte”, concluyó apuntando la posibilidad de un promedio inferior a la mitad.
Mortandad animal, pérdida de peso en los rodeos, menor parición y rindes agrícolas menores al 50 % suman un impacto que podrá reducir en hasta mil millones de pesos la rentabilidad de la producción agropecuaria chaqueña este año.
“Hemos estado trabajando para proponer a la presidenta, no sólo la aplicación de la Ley de Emergencia Agropecuaria, sino también, la idea de reformarla para establecer mecanismos de protocolo productivo, técnicas conservacionistas y diversificación, para asegurar sustentabilidad ambiental y productiva hacia delante”, resumió, adelantando la preparación de unos 30 modelos productivos alternativos que se propondrán en las distintas microrregiones desde febrero.
“Creemos que es necesario implementar de forma inmediata la compensación que el Estado nacional está implementando, pero paralelamente tenemos que pensar en una visión de más largo plazo” anotó para volver a plantear también la posibilidad de seguros multirriesgo.
Capitanich adelantó el criterio favorable a la compensación por hectárea que evalúa implementar el gobierno nacional, mediante un sistema directo de reintegro de retenciones. “Es exactamente lo mismo en términos de efecto neto”, explicó ponderando también la posibilidad de asistir a la alimentación de ganado.
6.000 viviendas
El Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas habilitó oportunamente la construcción de 6.000 unidades habitacionales que el gobierno está ejecutando en la provincia, y la propuesta nacional de participación de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) como órgano de financiamiento posibilitará la duplicación de esa cifra.
“Estamos ejecutando viviendas y pretendemos llegar al final de 2009 con entre 10.000 a 13.000 viviendas entregadas. Ya estamos licitando las 3000 viviendas, pretendemos ingresar con 2000 más, con 800 mejoramientos de barrios, más las inauguraciones de las ya construidas” señaló para anotar ayer que entre febrero, marzo y abril se completarán otras 4.500.
El Gobierno del Chaco adelantó los pasos para la participación en esa operatoria, tal cual lo había anunciado Capitanich durante la última visita que la presidenta Fernández de Kirchner realizó a esta provincia para firmar el Acta de Reparación Histórica, y ya la puso en marcha con la aprobación legislativa de la iniciativa y la activación de los procesos técnicos correspondientes.
La participación de la Anses como órgano de financiamiento para la construcción de viviendas suma seguridad a la planificación de la obra pública y también en cuanto a la obtención de recursos, ya que ésta no dependerá de las variables de la recaudación. El valor de la operatoria, para el organismo nacional, reside en la utilización de los fondos de las AFJP, que antes se destinaban a operaciones bursátiles y hasta especulativas, a inversiones que tienen impacto directo en la generación de puestos de trabajo y por consiguiente vuelven transformados en los aportes y contribuciones que percibe.
Las obras que se ejecutan en el Chaco, a su vez, no implican un endeudamiento para el Estado provincial, ya que están garantizadas por la administración del recupero que realiza el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv).
Capitanich anotó que para toda la operación de viviendas, la provincia tiene aseguradas fuentes de financiamiento en el mismo Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda), en el recupero de las viviendas ya construidas y por otra parte en el mismo Programa Plurianual al que se adherirá formalmente mañana.
Respecto el recupero de cuotas, Capitanich anotó que las 36.700 viviendas que las deben pagar, dejan anualmente unos 25 millones. “Creemos que podemos llegar a los 40 millones anuales regularizando las transferencias y las escrituras, con la fijación de cuotas razonables en función de la capacidad de pago” señaló luego de puntualizar que restan normalizara otras 30.000 viviendas ya entregadas en esta situación.
“Tenemos un 76 % de recupero de en las viviendas escrituradas; pero hay muchas que aun no han comenzado a pagar sus respectivas cuotas”, anotó señalando la importancia del recupero, para permitir bajar los costos financieros de los nuevos adjudicatarios.
Anotó al respecto el diseño de una ingeniería financiera, para permitir, vía el Nuevo Banco del Chaco y el Banco de la Nación, la utilización de parte de este recupero de cuotas, para subsidiar los intereses del financiamiento de los proyectos presentados por entidades gremiales para la construcción de edificios de departamento en el marco de la operatoria de viviendas para la clase media.
“Hay aproximadamente 15 edificios en construcción en Resistencia y es posible duplicar esta cifra próximamente”, señaló. También sumó la posibilidad extra de utilizar el mismo mecanismo para instrumentar una operación de reconstrucción de viviendas de planes entregados en casos hace varias décadas que hoy necesitan refacciones internas o en la infraestructura de servicios públicos que reciben.
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