Organizaciones ambientalistas locales, con el apoyo de ONGs del orden nacional, buscan impulsar un proyecto de Ley Penal Ambiental, en el contexto del complicado caso de la contaminación ambiental de la cuenca Salí – Dulce, y alegando que la actual Ley 24.051 de Residuos Peligrosos no estaría dando resultados visibles de la acción de la Justicia sobre los responsables de los daños ambientales.
Tras mantener reuniones en el Concejo Deliberante de Las Termas, los integrantes de la organización Eco Bio Termas, y de la organización santafecina Centro de Protección de la Naturaleza (Cepronat) presentaron sendos pedidos de audiencia en la Legislatura provincial y en Casa de Gobierno, para poder entablar un diálogo con las autoridades vinculadas al medioambiente, y presentar el proyecto.
La premisa de la que parten las organizaciones, es la de la crítica de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos, en función de la cual se llevan adelante los procesos judiciales en contra de los presuntos responsables de la contaminación ambiental en la cuenca Salí – Dulce. Daniel Varino, representante de Cepronat en Las Termas, sostuvo que “en la actualidad tenemos varios empresarios imputados por delitos ambientales, entre ellos Julián Rooney, de minera La Alumbrera, y no ha habido avances judiciales”.
Varino consideró que “junto con las organizaciones ambientales, hay fiscales y abogados que tienen muy buena voluntad, pero evidentemente no se están consiguiendo los resultados, porque los responsables de la contaminación continúan esquivándole a la Justicia”.

Antecedentes
Varino recordó que Cepronat participó en la junta de 15.000 firmas que se elevaran a finales de 2007 al juez federal de Tucumán Mario Racedo para avanzar en las causas por la contaminación, y en el SOS humano que se realizó en el año 2005 en la ciudad de Las Termas. Eco Bio Termas, mientras tanto, participó también en esas actividades, y recientemente colaboró con la investigación realizada por EL LIBERAL en la toma de muestra de las aguas de la cuenca Salí – Dulce en la que se comprobó la presencia de metales pesados.
En el transcurso del año pasado, desde Cepronat ya se mantuvieron reuniones con diputados nacionales y funcionarios de segunda línea de la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero aclararon que su estrategia “es generar el movimiento desde los municipios y las provincias, para que haya una participación consciente de la ciudadanía y de los distintos actores sociales en materia ambiental”.

Empresarios tucumanos volvieron a ausentarse en una audiencia judicial
Los responsables de la empresa Saneamiento y Urbanismo, que administra los piletones de tratamiento del ingenio Marapa en Tucumán, y que está siendo investigada por la Justicia de esa provincia, volvieron a dar el faltazo en una audiencia a la que habían sido convocados por la Justicia provincial y que iba a tener lugar en la ciudad de Concepción. Sin embargo, durante la audiencia en la que se ausentaron dichos empresarios, y de la que sí participaron los representantes del ingenio Marapa, y de la municipalidad de Alberdi – a quienes también se investiga por la contaminación del arroyo Matazambi y la contaminación de las aguas del embalse de Río Hondo – y miembros de la ONG ambientalista Univec, el juez Roque Arnedo, que atiende la causa en la justicia provincial, se declaró incompetente y remitió todas las actuaciones a la Justicia Federal.
Cabe recordar, que en la órbita Federal, estos mismos actores fueron imputados días pasados por el fiscal Gustavo Gómez en el marco de una denuncia también presentada por Univec, por el mismo problema.
Desde la ONG ambientalista sostuvieron que aunque la decisión fue sorpresiva, es favorable, porque se aportarán todas las investigaciones realizadas en el marco de esa causa provincial, a la Justicia Federal.
Gustavo Masmud, integrante de Univec, señaló que esto “va a reforzar todo el trabajo que ya se está haciendo en la órbita federal”. Explicó que “todos los expedientes y la investigación del fiscal Sánchez, que ha hecho un trabajo muy completo, van a la Justicia Federal, y van a ser un refuerzo muy importante a lo que ahí se está tramitando”.
Masmud remarcó que, en la investigación que realizó la fiscalía provincial “están los descargos de los imputados, los análisis que se han realizado en los lugares contaminados, y una investigación muy completa”.
La semana pasada, el fiscal federal Gustavo Gómez había imputado a Martín Alvarado, en su calidad de miembro de la firma comercial “Saneamiento y Urbanismo” que explota la planta de tratamiento de fluentes “Los Guayacanes”; Felipe Antonio Arroyo, encargado de la planta; Miguel Ángel González, presidente del ingenio Marapa, y Luis Armando Campos, intendente en funciones de la ciudad de Alberdi. Los mismos sujetos estaban en la mira de la justicia provincial por otra denuncia judicial presentada en esa órbita.
La planta “Los Guayacanes” posee en su interior una serie de piletones que contienen desechos cloacales que provienen de la ciudad de Alberdi y los efluentes del ingenio Marapa.