Sacudir el yugo de la imperialista explotación brasileña en Itaipú es un objetivo nacional irrenunciable, porque afecta a la soberanía de nuestro país. A más de razones económicas y de soberanía, hay una razón política, una razón democrática, para reclamar la renegociación del Tratado, pues este no contó con el aval legitimador de la libre voluntad de los pueblos de Paraguay y de Brasil. El presidente Fernando Lugo ha asumido el compromiso de rescatar la soberanía nacional conculcada en Itaipú. Las élites intelectuales, políticas y económicas, así como gremios y sindicatos de la sociedad paraguaya, deben tomar partido apoyando con firmeza al Gobierno en la defensa intransigente de los intereses nacionales.
Desde hace más de tres décadas, el Brasil ha venido apropiándose injustamente de casi la totalidad de la energía eléctrica que le corresponde a nuestro país en la usina binacional Itaipú, al amparo de un Tratado leonino aceptado por el gobierno dictatorial de Stroessner.
El presidente Fernando Lugo se ha comprometido con el pueblo paraguayo a empeñar el máximo esfuerzo diplomático para lograr que el Gobierno brasileño se avenga a renegociar ese Tratado a fin de ajustarlo a los principios de equidad consagrados en el Acta de Foz de Yguazú, que había sentado bases justas que el Tratado no respetó y violó.
Sacudir el yugo de la imperialista explotación brasileña en Itaipú es un objetivo nacional irrenunciable, porque afecta a la soberanía de nuestro país. La mitad del potencial hidráulico que mueve las turbinas generadoras de la usina binacional pertenece al Paraguay y es su más valioso recurso natural conocido. El injusto Tratado vigente permite que el Brasil se esté apropiando de ese recurso energético inagotable y de propiedad del pueblo paraguayo.
En tiempos como los actuales, en que la energía limpia y renovable se constituye en uno de los más valiosos insumos del progreso humano, la suerte de nuestro país inexorablemente se juega en las colosales usinas hidroeléctricas compartidas con el Brasil y Argentina. Por consiguiente, nuestro objetivo nacional prioritario no puede ser otro que el de la defensa intransigente de nuestra soberanía sobre los bienes nacionales comprometidos en esos emprendimientos conjuntos, así como en cualesquiera otros similares que podamos compartir en el futuro con nuestros vecinos.
A más de razones económicas y de soberanía, hay una razón política, una razón democrática, para reclamar la renegociación del Tratado, pues este no contó con el aval legitimador de la libre voluntad de los pueblos de Paraguay y Brasil. Ese Tratado fue el producto de un plan de usurpación concebido por Itamaraty, con la colaboración de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), el poderoso grupo de intereses que condujo la política económica del Brasil durante la dictadura militar que se instaló en el poder desde fines de la década de 1960 hasta buena parte de la siguiente. Para lograr sus fines, la diplomacia brasileña contó con la interesada complicidad del dictador paraguayo Alfredo Stroessner y sus lacayos. Por la misma razón, tampoco ha de extrañar que sean precisamente los voceros de la FIESP –como su director de Relaciones Internacionales y Comercio, Eduardo de Paula Ribeiro– quienes más se oponen a la renegociación del Tratado.
El presidente Fernando Lugo ha asumido el compromiso de rescatar la soberanía nacional conculcada en Itaipú y los altos intereses nacionales ligados a ella. De este asunto tiene que hacerse una firme política de Estado. Nuestra diplomacia ha de centrarse en servir exitosamente esta trascendente causa nacional. Al mismo tiempo, las élites intelectuales, políticas y económicas, así como gremios y sindicatos de la sociedad paraguaya, deben tomar partido apoyando con firmeza al Gobierno en la defensa intransigente de los intereses nacionales, tal como lo hicieron nuestros mayores antes y durante la Guerra del Chaco.
“Ni más ni menos de lo que es nuestro en Itaipú” podría ser la consigna en esta nueva cruzada de fidelidad patria.
La meta política y diplomática nacional debe ser lograr la renegociación del Tratado, que, para más, ha sido varias veces incumplido por el Brasil. El Foro Multinacional de Belem ha de ser aprovechado por el presidente Lugo para reiterar internacionalmente sus reclamos en tal sentido. Este reclamo debe ser planteado con énfasis diplomático, atendiendo más a la presumible intención del Gobierno brasileño a su respecto antes que a sus reiteradas manifestaciones verbales de buena voluntad.
Se está frente a la mayor de las opciones de futuro que tiene el Paraguay, y el presidente Lugo es quien tiene en sus manos la responsabilidad de lograr este muy alto objetivo nacional. Lo que tenía que hacer el pueblo ya está hecho: lo eligió como su Presidente. Ahora le toca a él cumplir con el compromiso que solemnemente contrajo con la Nación, así como con su juramento constitucional.