La declaración de emergencia agropecuaria por la sequía es una mera decisión coyuntural, que no atiende a las graves deficiencias estructurales que se extienden incontenibles en el sector primario de la economía nacional.
La Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria fue sancionada y promulgada el 15 de setiembre de 1983 y publicada en el Boletín Oficial seis días más tarde. En el cuarto de siglo que transcurrió desde entonces, sus disposiciones fueron aplicadas en diversas oportunidades, sin que el presidente de turno hiciera el correspondiente anuncio. Fiel a su estilo fundacional, basado sobre su firme creencia de que el país era virtualmente existente hasta que el kirchnerismo ocupó la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández anunció el lunes último la firma del decreto que declara la emergencia agropecuaria para las zonas afectadas por la sequía en todo el territorio nacional. Lo hizo en una ceremonia que tuvo su ya clásica liturgia: rodeada de ministros, secretarios, gobernadores e intendentes.
Los beneficios concedidos son, fundamentalmente, los pagos diferidos por un año de los impuestos a las Ganancias, a los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta. Y fiel al estilo confrontativo del kirchnerismo, la Presidenta recordó que el decreto firmado "representa un esfuerzo de todos los argentinos; porque no hay otro sector que tenga este beneficio".
Era algo improcedente e irreal, porque los argentinos también realizan un gran esfuerzo para subsidiar bienes y servicios públicos y proteger a industrias estructuralmente frágiles que no soportarían una competencia a escala supranacional. Los productores agropecuarios no son privilegiados, y sería positivo para los intereses de la Nación que el Gobierno lo entendiese de una vez para siempre y convocase a todos los sectores de la producción rural para trabajar en el diseño de una política agrícola-ganadera integral, que termine con los discrecionalismos. Por caso, el protagonizado recientemente por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, lanzado a distribuir, según su criterio personal, maíz y asistencia económica a unos 300 ganaderos. Un país con real calidad institucional no se permite esperpentos similares.
El diferimiento de pagos de impuestos no implica, en modo alguno, el fin de la guerra interna que el Gobierno nacional mantiene con el campo, a pesar de que las entidades representativas de este sector han reiterado en estos días su petición de diálogo para cerrar la brecha existente con la administración Kirchner.
Por lo contrario, además de la presunción de trato privilegiado, deslizada por la Presidenta, su ministra de Producción, Débora Giorgi, reiteró que el Gobierno no tiene previsto "de ningún modo" bajar las retenciones a la soja.
A su turno, el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, advirtió que las exenciones para los distritos en emergencia "no serán automáticas", lo que deja entreabierta la puerta para la discriminación, el discrecionalismo y el ya clásico sistema de premios y castigos para quienes no siguen la "línea que baja" desde la Casa de Gobierno.
Los productores que pertenecen a municipios y provincias que, previo al anuncio presidencial, declararon la emergencia (las provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos y Santiago del Estero y los establecidos en el sur de Córdoba y norte de Santa Fe) y acrediten pérdidas superiores a 50 por ciento de sus cosechas, recibirán el alivio fiscal, que se extenderá hasta el 1° de febrero de 2010.
Tanto la ministra como el secretario de Agricultura advirtieron que las evaluaciones "serán muy rigurosas", rigor que siempre faltó en relación con las empresas prestatarias de los deplorables servicios de transporte colectivo de pasajeros por automotor y ferroviario, fuertemente subsidiados.
Es lamentable que el Gobierno nacional se obstine en mantener vivo un conflicto que ha causado enormes pérdidas a la economía del país. Por lo demás, la Presidenta se equivoca al afirmar que la emergencia se ha dictado "no por razones climatológicas, sino por razones estructurales". Se ha dictado sólo por razones coyunturales. Lo que falta en la política gubernamental es precisamente una concepción estructural para el sector primario. Hasta ahora, todas sus decisiones son reactivas, y sólo eso.