Un verdadero alivio significó para los productores del sector noreste santacruceño la inclusión del departamento Deseado en el decreto que firmara la presidenta Cristina Kirchner el pasado lunes y que establece la emergencia agropecuaria para los productores castigados por la sequía. La medida entre otros aspectos, prevé una prórroga de un año en el pago de impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta.
El diputado por el Pueblo de Puerto Deseado, Roberto Fernández, sostuvo que es algo en lo que se está trabajando desde hace mucho tiempo con las autoridades provinciales. En este sentido, recordó que la emergencia provincial había sido ratificada allá por noviembre del 2008 por el mandatario provincial y que el alcance de los mismos beneficios que gozarán por un año junto a otros productores castigados de otras regiones del país se alcanzó por gestiones del Gobierno provincial.
“Es un aliciente para el productor agropecuario contar con este instrumento que le va a servir para poder refinanciar todas sus deudas. Le va a permitir prorrogar sus pagos hasta que la situación vuelva a la normalidad”, comentó Fernández acerca de la medida dispuesta por el Ejecutivo.
Por otra parte, el legislador se refirió a que este es un problema netamente climático en obvia relación a los planteos de sectores ruralistas que hay en otras regiones del país. “Vamos a tener que trabajar fuerte en esto, aquí podemos decir que no zanjan cuestiones políticas. Se van bajando las cargas animales que tienen los campos porque no da para más, el animal no tiene para comer, la capacidad forrajera del campo se va reduciendo cada vez más”, explicó.
Para Fernández habría que replantearse la viabilidad o no de la zona deseadense como región agrícola ganadera. Al igual que varios referentes del sector sostuvo que la situación en la región ya “es histórica”, en contraposición con lo que están viviendo los productores de otras regiones del país alcanzados por el mismo beneficio a partir de un hecho puntual, la sequía. “Como productor agropecuario he vivido situaciones en las que el mismo INTA no quería ni firmar la Ley Ovina porque decían ‘estamos firmando algo en lo que decimos que pongan más hacienda en un campo que sabemos no pueden tener’. Habrá que sentarse en una mesa y analizar esto”. Y agregó que llama la atención la inversión que hizo mucha gente acaudala. “A lo mejor el pensamiento es: bajamos la capacidad forrajera del campo y el Gobierno te va a asistir porque detrás se mueve mucha gente”.
El legislador dijo que se deberán analizar las diferentes alternativas a partir de estudios e investigaciones realizadas por el Consejo Agrario o el INTA que deben ser tomadas como políticas de Estado para reflotar la producción ovina. “Hay que ver que salida tenemos si es que existe, sino se le dirá a cada productor la situación de usted es inviable”, finalizó.

Desde el 1 de enero de 2010 y por un año, los productores no pagarán el pago del impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Renta Mínima Presunta, en lo que representa un esfuerzo de todos los argentinos; porque no hay otro sector que tenga este beneficio".