Con una sensación de frustración y enojo en aumento, los productores rurales de esta localidad bonaerense están convencidos de que la protesta contra el Gobierno es inevitable. Sus quejas son un caso testigo de lo que se vive en casi todo el interior agropecuario. La falta de diálogo, las restricciones a las exportaciones de granos, carnes y lácteos, la presión impositiva y la escasa efectividad de las medidas para aliviar los daños por la sequía, anunciadas últimamente por la Casa Rosada, no hacen otra cosa que configurar un estado de malestar.
Ese espíritu coincide con la convocatoria a un cese de comercialización de productos agropecuarios que hizo la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) esta semana.
Con los rostros marcados por la preocupación, el desgaste y la frustración, los productores de Salto -donde hay 140.000 hectáreas productivas, a 180 kilómetros de la Capital- saben que están muy cerca de volver a vivir los agitados días del paro del año pasado. Eso sí, no quieren desbordes ni violencia.
Afirman que no quieren cortar las rutas ni afectar el abastecimiento. "Vamos a contar con mucha adhesión" dijo a LA NACION el delegado de la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto (APAS), Arturo Segade.
Aquí recuerdan los piquetes del año pasado, en la intersección de las rutas 191 y 31. Allí está todavía, solitaria, la carpa de los autoconvocados. "Nunca nos apartamos del costado de la ruta", dijo Ricardo, un chacarero de los que se turnan para la vigilia.
En el campo los productores mastican rabia, potenciada ahora inevitablemente por el flagelo de la sequía.
"Nuestra situación es muy complicada y las medidas que anunció el Gobierno no traen solución, la gente está muy mal", agregó Segade. El asesor Alejandro Palacio, ingeniero agrónomo, aporta: "Estamos mucho peor que antes del 11 de marzo del año pasado [día que se anunciaron las retenciones móviles]; los quebrantos van a ser generalizados".
Palacio ejemplificó que para esa época "el país venía con una producción aceptable, con buenos precios internacionales y si bien las retenciones hacían mella, el panorama era distinto".
El asesor señaló: "Hoy, en cambio, nos encontramos con una merma considerable en la producción por las menores siembras como consecuencia del aumento de los costos, la falta de incentivos y la sequía".
Por esta cuestión, según comentó otro productor, Pedro Lapadú, se perderá el 80 por ciento del maíz y casi el 40 por ciento de la soja de primera, y con la de segunda "no se sabe qué va a ocurrir", afirmó.
Pero a Lapadú le preocupa también que la crisis trascienda las tranqueras. "La actividad comercial en esta ciudad ya cayó un 30%", dijo, y se preguntó qué va a suceder con los operarios de las fábricas de maquinaria agrícola a partir de la caída de la demanda. "¿Qué agricultor va a comprar un tractor, o una cosechadora o una sembradora si no la va a poder pagar?", dijo.
El productor Antonio Plazibat se le sumó: "¿Qué va a pasar con los transportistas, que van a tener 30 millones de granos menos para mover?"
Víctor Tobin, del semillero que lleva su nombre, dijo que actualmente la mitad de los productores agropecuarios de la zona están en dificultades. "Muchos ya han decidido no sembrar", señaló.
Para Tobin, todo lo que hace el Gobierno es para "vengar" la derrota en el Senado en el debate por la resolución 125 (las retenciones móviles). "Lo único que tienen que hacer es dejar que la gente produzca", exigió.
En los últimos meses hubo una menor inversión en herbicidas y fertilizantes, por eso habrá una menor producción, acotó el productor Juan José Baldillou.
Palacio acotó que el descontento es muy grande porque las medidas del Gobierno no satisfacen al agro ni aportan soluciones. "Son medidas políticas, para que la gente en la ciudad crea que se ayuda al campo", señaló.
Todos coinciden en que lo que se necesita es una rebaja en las retenciones y la normalización de los mercados de granos y de carnes. "El Estado interpreta mal su política para el sector. Necesitamos una desgravación impositiva para el novillo de exportación. No hay nada previsible para una producción que lleva 50 meses desde que se hace el servicio a la vaquillona hasta que se termina un novillo de más de 430 kilos", agrego Plazibat.
Segade instó a que el Gobierno se dé cuenta de que tiene que crear una alianza productiva "y el campo está en condiciones de darle ese marco productivo".