Pobladores de Concepción y de Yahaveré acusaron a Estancias San Eugenio de “montar un simulacro” con relación al anuncio de la demolición del terraplén construido sobre los Esteros del Iberá, luego de sobrevolar y fotografiar las tierras sobre las que se levanta la estructura, se informó a Momarandu.com
El cura párroco de Concepción, Rubén Barrios, dijo que en las últimas semanas, junto a un grupo de pobladores de la localidad, sobrevoló las tierras sobre las que se levanta el terraplén y sólo vio “máquinas sin funcionar”.
“Luego de varias tomas fotográficas aéreas concluimos en que el anuncio de demolición fue sólo un simulacro”, dijo el cura párroco.
El poblador Bruno Leiva agregó que “la demolición se encuentra detenida” y “los pobladores del paraje y de Concepción aún esperan que se cumpla el mandato de la justicia”.
Ambos dijeron que hace un mes aproximadamente se detectó movimiento de maquinaria que parecía indicar que la demolición había comenzado, pero luego de realizar algunos movimientos se detuvo nuevamente y no se prosiguió con la tarea.
“Nos sentimos en la obligación de acelerar este proceso ya que todas las instancias judiciales ya nos han favorecido, por ello luego del receso judicial, comenzaremos nuevamente a insistir en el asunto”, declaró Leiva.
Forestal Andina inició en 2005 la construcción de un terraplén que fue denunciado por los pobladores de Yahaveré por obstruir el escurrimiento de las aguas y “incrementar las posibilidades de inundación”. Ese año, el terraplén se extendía por un kilómetro y medio
Ante el pedido, un juzgado de primera instancia aceptó una cautelar para detener la construcción, al que la empresa hizo caso omiso. En mayo de 2006, el Juzgado Nº 12 resolvió la destrucción de una obra posterior al kilómetro y medio ya edificado, pero el terraplén había crecido.
Al contrario, la medida fue apelada por la firma ganadera, pero también la Cámara de Apelaciones, ya en segunda instancia, no hizo lugar y ratificó la destrucción de la obra por “impedir el normal escurrimiento de las aguas”. Finalmente la firma privada apeló y el Superior Tribunal de Justicia rechazó ese recurso extraordinario.
Desde ese momento, legisladores provinciales y funcionarios del Ejecutivo, fueron requeridos por los querellantes del juicio y agrupaciones ambientalistas que no dejaron de reclamar el cumplimiento de esa medida.
La empresa anunció finalmente que comenzaba a demoler la estructura, en diciembre del 2008, sin embargo, según los ambientalistas ello aún no sucede.