Entrevistada en exclusiva por nuestro medio, Alicia Chalabe consideró que, ante los constantes pedidos de aumento tarifario por parte de Agua de los Andes debido al déficit que enfrentan para cubrir costos de mantenimiento del servicio, y brindar el servicio en las condiciones actuales, es necesario “seguir el camino legal”, que incluye, por una parte, justificar el aumento que solicitan, “demostrando los costos que tienen, no sólo los costos en cuanto a operación y mantenimiento del servicio, sino también los costos salariales de la empresa y la cantidad de gente o de empleados que tiene, porque recordemos que este es uno de los elementos que más pesa sobre las arcas de la empresa Agua de los Andes, así que en primer lugar tiene que ser razonable, tiene que ser legal, para que así sea, tiene que estudiarse concienzudamente que costos tiene la empresa y en todo caso también tendrá la empresa que ajustarse; estamos leyendo que se viene una crisis importante en el país y unas de las que van a vivir esta crisis son las empresas de servicios públicos, entonces creo que va a haber que hacer un estudio de que costos tienen y de qué manera se pueden reducir los mismos”.
Por otra parte, Chalabe consideró que debería contemplarse cuál será la política de ahorro de la empresa, ya que al pedirse un aumento al usuario, debería saberse si ese aumento puede ser en algún momento prescindible a partir de un ahorro de la empresa y de brindar el servicio en las condiciones actuales, con menores costos.
Refiriéndose a la posible intervención de la Legislatura de la provincia en la instrumentación de aumento, Chalabe consideró vital a la intervención de la misma, debido a que estando en un ámbito de democracia participativa, lo que se quiere es que los usuarios participen en audiencia pública, para que, de la forma más legal posible, la tarifa sea consensuada por todos los sectores, “y una parte fundamental de este sistema es la Legislatura, recordemos que el servicio de Agua de los Andes es un servicio público que tiene una empresa que tiene la forma de una sociedad anónima, con participación estatal mayoritaria, entonces me parece que es muy importante que los legisladores intervengan en este contrato y sepan cual es en definitiva el marco que va a regir la relación entre los usuarios y la empresa”.
Consultada sobre las incidencias de un eventual aumento en la economía de los usuarios, y sobre si este produciría que los mismos dejaran de lado servicios o necesidades como la salud, Chalabe expresó que este tema es algo que se discutió en la medida judicial “sacada por el Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino, donde la justicia hace lugar al pedido de que no se corte la luz aún con falta de pago de las boletas cuyas tarifas han incrementado en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, ya que se considera que tanto la luz como el agua son servicios básicos sin los cuales la gente no puede vivir; otro de los argumentos es que no puede hacerse un aumento tarifario sin el debido estudio de todos los ítems que componen la tarifa y cuál es el peso que tiene cada uno de ellos en la tarifa y si es posible establecer un ahorro, teniendo en cuenta a nivel global cuál es el costo de la empresa, y de qué manera se puede reducir el mismo”.