El organismo emitió este martes la Resolución 40/09, en la que declara expresamente la “emergencia hídrica y ambiental, reiterando y consignando la expresa prohibición del uso de las aguas públicas con la pertinente autorización en el marco de la legislación vigente”.
La resolución apela a la vigencia del Código de Aguas, que en su Artículo Nº 11 señala la declaración responde a subsanar “la desigual distribución de sus recursos hídricos frente a una demanda global creciente”.
Por ello, la resolución de Emergencia declara también a todos abastecimientos primarios como todas las aguas y sus fuentes existentes en el territorio provincial, tienen aptitudes de satisfacer usos de interés general y pertenecen al dominio público”.
El dictamen también establece que, como lo indica el Artículo 57 del Código de Aguas, “nadie podrá variar el régimen, naturaleza o calidad de las aguas, ni alterar los cauces naturales o artificiales ni su uso, sin previa autorización de la Autoridad de Aplicación”.
“En ningún caso, si con ello se perjudicare la salud pública, se causare daño a la comunidad, a las cuencas, a otros recursos naturales o al medio ambiente. Tampoco se podrá obstruir los caminos de servicio de las obras hidráulicas, sin autorización de la Autoridad de Aplicación”, sostiene ese artículo.
En las últimas semanas, fuentes fiscales informaron a Momarandu.com que decenas de conflictos en el interior correntino enfrentan a productores por el control de las escasas reservas de agua en arroyos y lagunas que resisten a la intensa sequía que asota en algunas localidades desde hace ya cuatro meses.
“Uno de los casos enfrenta al propietario de un campo arrocero con productores arroyo abajo, porque un pequeño cauce corría desde la laguna, hasta que el arrocero la cerró para contener el recurso”, se explicó.
“Los infractores serán sancionados con multa prevista en el artículo 285 de este Código, o con sanción conminatoria de acuerdo al artículo 286 de este mismo cuerpo legal, según las características y circunstancias de cada caso”, dicta la resolución emitida hoy.
La medida se determinó al constatar en inspecciones realizadas por profesionales del ICAA la existencia de obras hídricas utilizadas en el riego del cultivo de arroz, sin autorización del organismo provincial.
Las inspecciones realizadas por profesionales de las gerencias de Gestión Ambiental e Ingeniería del organismo provincial, se efectuaron en Colonia Carolina (laguna Pucú), San Luis del Palmar (laguna Tataré), Santa Ana (laguna Sin Nombre), Yatayti Calle (laguna Sirena), entre otras.
En cada uno de los emprendimientos se intimó al propietario o arrendatario a la suspensión del uso del agua pública hasta no contar con la autorización del ICAA, que incluirá el acuerdo de todos los vecinos linderos.
Igual determinación se efectuará en el Dpto. San Roque, con el establecimiento que está extrayendo agua de la laguna González, ante la reciente denuncia ingresada al organismo.