Ante la sequía que afecta a canales de riego, los productores optaron por las lagunas y esteros. Ahora, el Icaa prohibió la extracción de estos espejos de agua.
A raíz de la intensa sequía que afecta a la provincia, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) declaró en los últimos días la emergencia hídrico-ambiental. La medida se extenderá a las lagunas, esteros y riachos de toda la provincia, de donde no se podrá bombear agua para riego de cultivos, principalmente del arroz. Desde el Icaa informaron que durante enero se labraron decenas de actas y sanciones a productores de distintos rubros por ocupar estas reservas para sus explotaciones agropecuarias. La medida exceptúa a los ríos Paraná y Uruguay.
Según indicó el titular del Icaa, Mario Rujana, a raíz de la prolongada falta de lluvias y el bajo nivel de los canales y represas, algunos productores arroceros del interior provincial decidieron bombear agua de lagunas y esteros. De este modo, desde el organismo dependiente del Gobierno provincial se decidió poner fin a la cuestión, labrando actas de infracción y emitiendo intimaciones.
“No se está autorizando las estaciones de bombeo para cultivos desde lagunas. Esto se hace para preservar los pocos cursos de agua, lagunas y esteros”, dijo Rujana en declaraciones a la prensa. El funcionario explicó que a pesar de contar con poco personal durante enero, “los pocos profesionales que estuvieron realizaron inspecciones, y se declaró la emergencia hídrico­ambiental, lo que permitirá un marco legal para actuar en los casos de infracciones”.
Las inspecciones realizadas por profesionales de las gerencias de Gestión Ambiental e Ingeniería del organismo provincial se efectuaron en Colonia Carolina (laguna Pucú), San Luis del Palmar (laguna Tataré), Santa Ana (laguna Sin Nombre), y Yatayti Calle (laguna Sirena), entre otras. En cada uno de los emprendimientos se intimó al propietario o arrendatario a la suspensión del uso del agua pública por medio de estaciones de bombeo hasta no contar con la autorización del Icaa, que incluirá -entre otros requisitos- el acuerdo de todos los vecinos linderos.
En este marco, Rujana admitió cierto malestar entre los productores por la medida, aunque puntualizó que “se ha puesto en la balanza que la mayoría de las lagunas son compartidas y hay infinidad de pequeños productores que necesitan utilizar el recurso. Esto servirá para recapacitar a futuro y saber que estos proyectos deben tener un asesoramiento de profesionales que indiquen al productor que una laguna no tiene el caudal necesario para riego”.

Código de aguas
Desde el Icaa recordaron la vigencia del Código de Aguas (Decreto Ley Nº 191/01) que en su artículo 11º señala que “la Provincia de Corrientes declara que -atendiendo a la desigual distribución de sus recursos hídricos y al probable compromiso de las disponibilidades hidrológicas con que se cuenta en amplios sectores provinciales frente a una demanda global creciente que pudiere colocar en situación crítica tanto a los abastecimientos primarios como a las demás utilizaciones- todas las aguas y sus fuentes existentes en el territorio provincial cualquiera sea su forma de manifestación o fuente de proveniencia, tienen aptitudes de satisfacer usos de interés general y pertenecen al dominio público”.
Así también, la normativa indica en su artículo 57: “Nadie podrá variar el régimen, naturaleza o calidad de las aguas, ni alterar los cauces naturales o artificiales ni su uso, sin previa autorización de la Autoridad de Aplicación, y en ningún caso, si con ello se perjudicare la salud pública, se causare daño a la comunidad, a las cuencas, a otros recursos naturales o al medio ambiente. Tampoco se podrá obstruir los caminos de servicio de las obras hidráulicas, sin autorización de la Autoridad de Aplicación”.