La baja disponibilidad de agua en el país, menor a la que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se agudizará con el cambio climático. No sólo se espera que aumentará la vulnerabilidad de las zonas áridas, semiáridas y las de agricultura de temporal, sino que, al mismo tiempo, los principales riesgos de desastres están relacionados con las inundaciones ocasionadas por huracanes, señala la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).
México se encuentra en el lugar 94 en cuanto a disponibilidad del líquido, con cuatro mil 547 metros cúbicos por persona al año, mientras países como Canadá disponen de 91 mil 640. La ONU recomienda cinco mil.
La UCCS advierte en un estudio que se requiere una estrategia integral para enfrentar ese problema y que todas los países, incluido México, deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que aumentaron 70 por ciento entre 1990 y 2004. Frente a esto, señaló la organización, se volverán más urgentes las medidas de adaptación y reducción de vulnerabilidad, y las de mitigación deberán ser más estrictas.
La UCCS, integrada por científicos de alto nivel de distintas instituciones, advierte en su posición sobre el cambio climático que es necesario señalar y proteger las zonas y localidades más vulnerables –aquellas regiones susceptibles de inundación, deltas de ríos y zonas secas–; identificar y proteger los ecosistemas amenazados, como los bosques templados y fríos, pastizales, arrecifes y manglares; optimizar el aprovechamiento del agua, tanto en agricultura de temporal como en zonas urbanas, y evaluar la posible afectación tanto de los recursos hidrológicos como de los energéticos.
Considera que es necesaria la participación de expertos en centros regionales y tecnológicos que puedan elaborar proyecciones de la productividad y riesgos, bajo los escenarios del cambio climático y para los distintos sectores económicos.
Estima que para hacer frente a esta problemática es urgente tomar acciones locales concretas y, al mismo tiempo, emprender una acción conjunta y coordinada a escala internacional, basada en el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, entre los países y sectores sociales. Propone que México tenga una política pública activa para enfrentar el cambio climático, con metas claras y planes coherentes, y fondos propios para garantizar su cumplimiento.
Se requieren, advierte, cambios estructurales para reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático, así como para lograr una disminución sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero.