Sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral, así como el obispo de Puerto Escondido, Eduardo Carmona Ortega, manifestaron su rechazo a la construcción de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea instalar en el cauce del río Verde y en 3 mil 100 hectáreas de los municipios de Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santa Cruz Zenzontepec, Taltaltepec de Valdés, San Pedro Tututepec y Santiago Tetepec, donde residen unos 25 mil indígenas chatinos, zapotecos y mixtecos, así como ciudadanos afromexicanos.
En conferencia de prensa, el coordinador de la Comisión Diocesana de Pastoral Social de Puerto Escondido, Armando Muñoz Jarquín, sostuvo que la obra alterará el sistema hidrológico de la zona, propiciará la desaparición de especies animales y vegetales (entre éstas los manglares) y perjudicará el complejo lagunar de Chacahua, que dejará de recibir agua.
De acuerdo con Armando Muñoz, la CFE contraerá una deuda de mil millones de dólares para el proyecto, desplazará poblados enteros, destruirá culturas indígenas, romperá el tejido comunitario y violará el derecho indígena a la libre determinación.
Indicó que la Iglesia católica se opone a la obra porque reconoce a los pueblos y comunidades, “a la luz de una lectura teológica de la historia”, como “los dueños legítimos de estas tierras y, por tanto, tienen derecho a la tierra, el agua y el bosque para que sus hijos e hijas crezcan sanos y con corazón alegre.
“Los habitantes de los pueblos y comunidades viven una profunda religiosidad y saben que Dios es dueño de todo lo creado y les ha regalado a ellos esta naturaleza, para que construyan un desarrollo comunitario digno para muchas generaciones”, señaló.
El clérigo advirtió: “El magisterio de la Iglesia ha hecho oír su voz con documentos elaborados por los obispos para orientar a los católicos y hombres de buena voluntad a respetar los bienes de la creación. Por lo tanto, todos tenemos la gran responsabilidad de cuidar y distribuir adecuadamente los bienes de la Tierra”.
Recordó que “muchos de los gobernantes” pertenecen a la Iglesia católica o a otras denominaciones religiosas, y por ello “deben saber que su autoridad viene de Dios, y si no la ejercen para buscar la paz y la justicia, sino para despojar a los pueblos campesinos e indígenas de sus territorios comunales, están en contra del proyecto de Dios y luchan contra él”.
De igual manera, llamó a los gobiernos federal y estatal a buscar un modelo de desarrollo alternativo “integral y solidario”, basado en el compromiso con “una auténtica ecología natural y humana, fundamentada en el Evangelio de la justicia, de la solidaridad y el destino universal de los bienes”.