Una serie de denuncias documentadas hechas a los nuevos responsables del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) advierte que continúan los manejos oscuros que han puesto en peligro a poblaciones rurales, debido a la dudosa calidad del agua que consumen.
La citada dependencia del Ministerio de Salud es responsable de la política de abastecimiento de agua potable a las comunidades rurales de hasta diez mil habitantes.
ÚH accedió al paquete de denuncias sobre la vigencia de manejos irregulares -entre ellas, nuevas precalificaciones de empresas que han falsificado certificados de calidad de agua- elevadas al titular de la citada dependencia, Pedro Martínez López, como también a la ministra de Salud, Esperanza Martínez. Los reclamos nunca fueron respondidos.
Las acciones contra los supuestos hechos de corrupción son impulsadas desde septiembre del año pasado por la Mesa Sindical y Social, integrante del Frente Social y Popular.

LOS CASOS. En las notas, los denunciantes señalan casos concretos de adjudicaciones a empresas que falsificaron certificados del agua extraída en los pozos construidos en distintas localidades.
Señalan también como ejemplo más reciente el caso del mal trabajo realizado por la empresa M&T que construyó un pozo en un esteral, donde por ende el agua obtenida no era apta para el consumo.
Asimismo, cuestionan que no se haya accionado contra el Consorcio PMC y Asociados, del ingeniero Germán Flores, quien continúa realizando la construcción de sistemas de agua, pese a la existencia de documentos incriminatorios en el Senasa por presuntas irregularidades.
La Mesa Sindical insiste principalmente en el hecho de que no se ha definido la cantidad de análisis falsificados de agua que fueron aprobados. "Le queremos recordar señor director que la falsificación de estos documentos públicos se constituye en un atentado contra la salud social y, a su vez, en delito contra los derechos humanos. Si no hace nada al respecto usted se vuelve cómplice en este delito", enfatiza.
Por otra parte, alertan que en una última licitación fueron precalificadas empresas involucradas en denuncias de irregularidades como Redinsa y otras con sospechosos nexos de intereses políticos de referentes aliados al nuevo gobierno, para la futura adjudicación de trabajos.